La Fiscalía General del Estado (FGE) se mantiene como la institución con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en Baja California durante 2026, al acumular 175 expedientes de un total de 595 recibidos por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) entre el 1 de enero y el 4 de junio.
De acuerdo con las estadísticas más recientes del organismo, detrás de la Fiscalía se ubican el Sistema Estatal Penitenciario con 151 quejas, el Sistema Educativo Estatal con 81, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana con 46 y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) con 18 expedientes.
Entre los hechos violatorios más denunciados destacan la prestación indebida del servicio público, con 104 casos, y las detenciones arbitrarias, con 54. Al respecto, el presidente de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, señaló que el organismo mantiene programas de capacitación dirigidos a corporaciones de seguridad para prevenir este tipo de prácticas y fortalecer el respeto a los derechos humanos durante las intervenciones policiales.}
Por municipios, Tijuana concentra la mayor cantidad de quejas con 365 casos, lo que representa más de la mitad de los expedientes registrados en el estado. Le siguen Mexicali con 124, Ensenada con 69, Tecate con 16, San Quintín con 13 y Playas de Rosarito con ocho.
Aunque la Fiscalía encabeza la lista por número de expedientes, el Sistema Penitenciario concentra algunos de los hechos violatorios más recurrentes. La omisión de proporcionar atención médica a personas privadas de la libertad suma 126 casos, mientras que la falta de suministro de medicamentos acumula 66 registros, convirtiéndose en las principales problemáticas detectadas dentro de los centros de reclusión.
Ochoa Orduño reconoció que, además de atender las quejas, continúa pendiente la reparación integral del daño para las víctimas, particularmente en materia de indemnizaciones económicas. Indicó que la Comisión ha exhortado a las autoridades estatales y municipales a contemplar partidas presupuestales específicas para estos casos, aunque hasta el momento ese aspecto sigue representando uno de los principales retos para garantizar una reparación efectiva.
