Ernesto Ruffo busca frenar traslado y promueve nuevo amparo contra acciones de la FGR 
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Tijuana BC., (NDT).- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, promovió un nuevo juicio de amparo para impugnar 17 actos atribuidos a la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos el traslado fuera del municipio de Ensenada, luego de su detención el pasado 16 de julio por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.

De acuerdo con información publicada por El Universal, la defensa del exmandatario solicitó la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión, su ejecución, la privación de la libertad y la decisión de trasladarlo fuera de Baja California. En la demanda también se cuestiona la presunta falta de una orden judicial válida al momento de su detención.

El recurso legal incluye además señalamientos por presunta incomunicación, al asegurar que desde su captura no se informó a sus familiares ni a sus abogados sobre su ubicación exacta. Asimismo, acusa que se le habría impedido mantener comunicación privada con su defensa y contacto directo con sus seres cercanos.

La demanda también denuncia presuntas irregularidades relacionadas con su estado de salud, al señalar la negativa para suministrarle medicamentos, la interrupción de su tratamiento médico y la falta de una valoración integral que determinara si se encontraba en condiciones para ser trasladado. A ello se suma el supuesto ocultamiento o irregularidad en su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones.

Según el mismo medio, un juez federal admitió a trámite el juicio de amparo, aunque hasta el momento no se ha informado si concedió la suspensión provisional solicitada por la defensa para frenar los actos reclamados mientras se resuelve el fondo del asunto.

En paralelo, este martes continúa la audiencia inicial de Ernesto Ruffo y de sus coacusados en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinará si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso al primer gobernador de oposición en la historia de Baja California.