Sin Anestesia
Por Rodrigo Medeles Ruiz
La renuncia de Alejandro Arregui a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, efectiva este viernes 14 de agosto, merece analizarse a fondo. No por el movimiento burocrático en sí, sino porque refleja una realidad estructural que muchos políticos tradicionales tardaron años en aceptar.
La gobernabilidad ya no compite en el terreno de los discursos y las promesas; compite por la confianza de una ciudadanía que, al igual que las audiencias modernas, cambió radicalmente las reglas del juego.
Durante mucho tiempo, las grandes cúpulas pensaron que la estridencia mediática y el conflicto eran suficientes. Mientras discutían en la arena pública quién gritaba más fuerte o quién acaparaba más reflectores, los perfiles con capacidad técnica entendieron que el verdadero peso político se construye manteniendo la maquinaria funcionando en silencio.
La sociedad no esperó a que la clase política se adaptara; simplemente comenzó a exigir métricas reales de estabilidad. La evolución salarial en la frontera es el mejor termómetro: pasar de 213.39 pesos diarios en 2021 a los 440.87 pesos vigentes para 2026 demuestra que el poder adquisitivo dejó de ser una promesa para volverse una política de Estado.
La diferencia nunca estuvo entre los técnicos y los políticos; la diferencia siempre ha estado entre quienes entendieron que el diálogo obrero-patronal es indispensable y quienes supieron institucionalizarlo. Arregui comprendió que asegurar un piso de 13,409 pesos mensuales para la clase trabajadora genera más legitimidad que el proselitismo vacío.
Hoy ya no basta con administrar los problemas; hay que saber medirse con los gigantes. Colocar a Baja California en el mismo bloque de generación de empleo formal que monstruos industriales como la Ciudad de México, Nuevo León o el Estado de México exige una ingeniería política que no admite improvisaciones.
Mantener el motor de 1,049,556 empleos asegurados, con inyecciones de crecimiento que superaron los 34 mil trabajadores asegurados en un solo mes, requiere un ecosistema donde las huelgas no paralicen el desarrollo. Y la contención es clara: de procesar ocho emplazamientos en 2022, se neutralizó una escalada que llegó a 38 avisos el año pasado y cuatro en el arranque de 2026, todos resueltos sin estallamientos.
El futuro no pertenece al político que haga más ruido ni al funcionario con más años de trayectoria inercial. Pertenece a quien logre combinar rigor operativo, estabilidad económica, cercanía con los sectores productivos y una capacidad de adaptación inmediata en un Centro de Conciliación que hoy da respuestas prejudiciales en apenas 20 días.
La política sigue siendo la misma disputa por el poder; lo que cambió fue la forma de ganarse el derecho a ejercerlo. Y quien no entienda que hoy los resultados comprobables matan a la grilla seguirá compitiendo… pero cada vez con menos ciudadanos dispuestos a respaldarlo.
La salida de Arregui rumbo a las definiciones mayores de la 4T deja una lección clara en el tablero estatal: en la era del pragmatismo, la paz laboral es el formato que consume la gente y la eficiencia administrativa, el mejor distribuidor de credibilidad.
