Sin Anestesia / Por Rodrigo Medeles Ruiz
La aprehensión del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en Ensenada, no fue una ocurrencia ni un acto improvisado. Es el resultado de una investigación que, durante meses, desarrolló la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a una presunta red de contrabando de combustible, uno de los negocios ilícitos más rentables del crimen organizado en México.
El golpe no es menor. Se trata del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, el hombre que en 1989 rompió la hegemonía del PRI y convirtió a Baja California en el laboratorio político del Partido Acción Nacional.
Durante décadas, Ruffo fue presentado como ejemplo de honestidad, transición democrática y buen gobierno. Hoy enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y contrabando, delitos que, por sí solos, colocan el caso en una dimensión completamente distinta.
Aunque para muchos pueda parecer un acto represivo del gobierno de Morena en contra del principal referente histórico del PAN en Baja California, la detención debe analizarse desde una óptica objetiva y jurídica, no únicamente política.
Su captura obedece a una orden de aprehensión emitida por un juez federal. Es decir, antes de que un solo agente ejecutara el arresto, un juzgador revisó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal y concluyó que existían elementos suficientes para librar el mandamiento judicial. No se trata de una detención administrativa, ni de una ocurrencia de Palacio Nacional, sino de un procedimiento previsto por la ley.
Eso no significa, desde luego, que Ernesto Ruffo sea culpable. La presunción de inocencia permanece intacta hasta que un tribunal emita una sentencia definitiva. Pero tampoco significa que toda investigación contra un personaje de oposición deba calificarse automáticamente como persecución política.
Sin embargo, la respuesta del PAN Baja California fue inmediata. Sin esperar el contenido de la carpeta de investigación ni conocer las pruebas que la FGR dice haber reunido, la dirigencia estatal descalificó el proceso y aseguró que se trata de una “burda y sucia maniobra” del gobierno de Morena para desviar la atención de la controversia provocada por los audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La estrategia no sorprende, pues en México todos los partidos reaccionan exactamente igual cuando la justicia alcanza a uno de los suyos. Morena acusa persecución cuando investigan a sus militantes. El PRI hizo lo mismo durante décadas. Ahora el PAN recurre al mismo libreto. Los colores cambian, pero la narrativa permanece intacta.
Lo que sí llama la atención es la rapidez con la que Acción Nacional salió a cerrar filas. No hubo prudencia. No hubo exigencia de transparencia para conocer las pruebas. Mucho menos un llamado a que el proceso se desarrolle conforme a derecho. La prioridad fue proteger al símbolo.
Y es que Ruffo no es cualquier panista. Es el fundador del panismo moderno en Baja California. Su figura representa el origen de una fuerza política que gobernó el estado durante tres décadas. Su caída golpea el discurso histórico de un partido que construyó buena parte de su identidad bajo la bandera del combate a la corrupción y el respeto a la legalidad.
Si las acusaciones de la FGR logran sostenerse en los tribunales, el impacto político será devastador. No solo para Ernesto Ruffo, sino para el PAN como institución. Sería la primera ocasión en que uno de sus principales íconos enfrenta un proceso por delitos vinculados con el huachicol, una actividad que el propio Estado mexicano ha relacionado con organizaciones criminales de alto poder económico.
