Tijuana BC., (NDT).- Un juez federal vinculó a proceso a Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de la investigación relacionada con el esquema conocido como “huachicol fiscal”.
La resolución judicial también alcanzó a otras siete personas presuntamente involucradas en la misma estructura criminal, señalada por las autoridades federales por participar en operaciones de importación y comercialización ilegal de combustibles, generando un importante daño económico al erario.
El exmandatario fue detenido el jueves pasado en Ensenada, como parte de un operativo derivado de las investigaciones que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR). Tras su captura fue presentado ante un juez de control, quien resolvió iniciar formalmente el proceso penal en su contra.
Como medida cautelar, el juez determinó que Ernesto “N” permanecerá en prisión preventiva, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación complementaria y se recaban más pruebas.
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La carpeta de investigación forma parte de las acciones federales contra el llamado “huachicol fiscal”, un esquema mediante el cual presuntamente se introducían hidrocarburos al país con documentación alterada o bajo declaraciones falsas para evadir el pago de impuestos y derechos.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba para sustentar la probable participación de los imputados en la operación de la presunta red delictiva, mientras que la defensa tendrá oportunidad de desvirtuar los señalamientos durante el desarrollo del proceso judicial.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, sino el reconocimiento judicial de que existen elementos suficientes para continuar con la investigación penal. Será en las siguientes etapas del procedimiento cuando se determine la responsabilidad o inocencia de los acusados.
Con esta resolución, el caso del exgobernador de Baja California entra en una nueva etapa judicial y se mantiene como uno de los expedientes de mayor impacto relacionados con el combate al contrabando de hidrocarburos y la delincuencia organizada en México.
