Tijuana, Baja California.- La prisión preventiva debe aplicarse únicamente como una medida excepcional y no convertirse en una práctica automática dentro del sistema de justicia mexicano, consideró Rommel Moreno Manjarrez, ex procurador General de Justicia de Baja California.
El también especialista en materia jurídica señaló que México debe atender los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a esta figura, particularmente ante los cuestionamientos sobre su impacto en las garantías de personas que todavía no han recibido una sentencia.
“Me remito propiamente a las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dispuesto básicamente que es un tema en el cual México tiene que revisar su normativa interna como Estado mexicano”, expresó.
Moreno Manjarrez explicó que el planteamiento internacional parte de considerar a la prisión preventiva como una medida excepcional, por lo que estimó necesario analizar bajo qué circunstancias resulta indispensable para garantizar la seguridad y el desarrollo de un proceso judicial.
Reconoció que existen casos vinculados con delitos de alto impacto y delincuencia organizada que obligan a considerar las condiciones particulares de cada proceso, aunque insistió en que las decisiones deben encontrar un equilibrio entre la eficacia de la justicia y la protección de los derechos humanos.
“Creo que hay que ver lo que la Corte Interamericana dice y también nuestra realidad, pero tratando de entender la lógica de cómo tenemos que aliviar la tensión entre derechos humanos y eficacia”, sostuvo el ex procurador.
Por otra parte, Moreno Manjarrez consideró que todavía existen áreas de oportunidad dentro del sistema penal acusatorio y advirtió sobre la necesidad de evitar que prácticas heredadas del antiguo modelo inquisitivo continúen permeando entre los operadores de justicia.
Destacó que instituciones académicas como el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han analizado alternativas para fortalecer la preparación de los operadores del sistema. Añadió que la participación de abogados y especialistas puede contribuir a corregir deficiencias que actualmente se reflejan, entre otros aspectos, en expedientes y procedimientos que no avanzan con la rapidez esperada.
