Tijuana BC., (NDT).- La visita del senador con licencia Armando Ayala Robles a las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), donde acudió acompañado de un grupo de ciudadanos para presentar diversas inconformidades, derivó en un nuevo episodio de tensión política al interior de Morena, luego de que la directora del organismo, Mónica Vega Aguirre, rechazara recibirlo personalmente al considerar que ello podría interpretarse como una falta a la ley electoral.
El incidente quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales. En uno de ellos, Ayala llama por teléfono a la titular de la CESPT y coloca el altavoz para que los ciudadanos escuchen la conversación. Durante la llamada, Vega le responde: “Te pido prudencia, no me metas en problemas”, mientras el legislador con licencia insiste en que únicamente busca gestionar las peticiones de los usuarios.
Tras el encuentro, Mónica Vega explicó que acceder a la solicitud del exsenador habría colocado a la dependencia en una situación de riesgo jurídico, debido a que Ayala ya se encuentra registrado como aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Baja California. Señaló que atenderlo en esas condiciones podría derivar en denuncias por posibles delitos electorales o por el uso indebido de una institución pública en un contexto político.
La funcionaria evitó afirmar de manera directa que la visita tuviera fines proselitistas; sin embargo, recordó que los programas y acciones gubernamentales deben mantenerse al margen de cualquier actividad que pueda interpretarse como promoción electoral. Además, indicó que previamente notificó al equipo del exalcalde de Ensenada que no podría recibir al grupo de manera personal, aunque las solicitudes ciudadanas sí fueron canalizadas y atendidas por personal de la CESPT.
Cabe recordar que mientras Armando Ayala busca convertirse en el relevo de Marina del Pilar Ávila Olmeda en la gubernatura, Mónica Vega es identificada como una de las figuras con aspiraciones para competir por la alcaldía de Tijuana. En ese contexto, una gestión ciudadana terminó convirtiéndose en un intercambio público que evidenció las precauciones que comienzan a marcar la relación entre actores del mismo movimiento.
Lo que inició como una visita para gestionar demandas ciudadanas terminó abriendo un debate sobre los límites entre la representación política, la actuación institucional y las reglas que buscan impedir el uso de los entes públicos en tiempos de definición política.
