La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta un escenario político y legal de alto impacto tras señalamientos de legisladores de Morena y el PT, quienes advierten sobre un posible juicio político y responsabilidades penales por el llamado “caso CIA”.
El punto central es la presencia y presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad dentro del estado sin autorización del Gobierno federal, lo que ha sido calificado como una posible violación a la soberanía nacional. Legisladores sostienen que permitir este tipo de intervención contraviene la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
De acuerdo con estos señalamientos, la ley establece que agentes extranjeros solo pueden realizar labores de intercambio de información y deben estar acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin participar directamente en operativos de campo. Bajo este contexto, advierten que la conducta podría encuadrar en el delito de traición a la patria.
Este delito, contemplado en el Artículo 123 del Código Penal Federal, establece penas de cinco a 40 años de prisión para quien atente contra la soberanía o integridad del país en favor de un gobierno extranjero. Por ello, legisladores han solicitado iniciar juicio político y pidieron a la Fiscalía General de la República abrir una investigación formal.
Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que ningún gobierno estatal puede autorizar unilateralmente la presencia de agentes extranjeros, mientras que la mandataria estatal sostiene que se trataba de labores de capacitación. El caso ya genera tensión en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.
