** El diputado plantea sanciones más severas para conductores ebrios, pero su iniciativa choca con el cuestionado uso actual de los alcoholímetros
Tijuana BC. (NDT).- El diputado morenista Jaime Cantón Rocha anunció una iniciativa para endurecer las sanciones contra conductores en estado de ebriedad, en un contexto donde la inconformidad ciudadana por los alcoholímetros va en aumento.
De acuerdo con su propuesta, se contempla la suspensión de la licencia de conducir, multas económicas y, en caso de reincidencia, penas de prisión de 3 meses a 3 años, dentro de un periodo de tres años desde la primera falta.
“Cada quien es responsable de sus propios actos… pero debemos preguntarnos si estamos haciendo todo para prevenir accidentes y salvar vidas”, sostuvo el legislador.
En el fondo, la medida responde a una problemática real. Los accidentes viales por consumo de alcohol siguen cobrando vidas, y endurecer las sanciones parece una acción lógica desde el ámbito legislativo.
Sin embargo, en la calle la percepción es distinta. Ciudadanos denuncian que los filtros de alcoholímetro han dejado de ser exclusivamente preventivos y hoy funcionan como retenes integrales donde se revisan placas, licencias, polarizado y documentación vehicular, ampliando su alcance más allá de detectar conductores ebrios.
Este cambio ha derivado en un incremento visible de sanciones y vehículos remitidos a corralones, lo que ha encendido cuestionamientos sobre posibles intereses indirectos, particularmente en torno a las concesionarias de arrastre que operan en el municipio.
En ese escenario, impulsar sanciones más duras o incluso ampliar la presencia de alcoholímetros sin corregir primero su operación actual abre un riesgo claro. Se estaría fortaleciendo un mecanismo que ya es cuestionado por la ciudadanía, lo que podría debilitar la legitimidad de cualquier reforma.
Si el alcoholímetro fue creado para salvar vidas, su eficacia depende de que se mantenga en su función original: prevenir accidentes, no convertirse en un sistema amplio de fiscalización vehicular. De lo contrario, la intención de endurecer la ley podría terminar enfrentando una resistencia social cada vez más visible.
