La actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) frente a las denuncias relacionadas con la denominada Patrulla Espiritual y el centro de rehabilitación Jireh ha sido insuficiente, aseguró el activista LGBTQ+ Edoardo Rodríguez, quien acusó a la autoridad de mantener una postura “tibia” ante los señalamientos presentados por integrantes de la comunidad.}
Rodríguez recordó que el pasado 9 de mayo se interpuso una denuncia por la presunta privación ilegal de la libertad de una mujer trans, además de otros posibles actos de discriminación. Sin embargo, señaló que hasta el momento no se observan acciones contundentes por parte de la Fiscalía para esclarecer los hechos denunciados.
El activista adelantó que podrían presentarse nuevas denuncias en las próximas semanas, ya que organizaciones y defensores de derechos humanos a nivel estatal y nacional continúan documentando posibles conductas relacionadas con discriminación, violencia digital y presunta usurpación de profesión por parte de personas vinculadas a la Patrulla Espiritual.
Asimismo, sostuvo que, tras hacerse públicas las denuncias, integrantes de la comunidad LGBTQ+ han sido objeto de una campaña de hostigamiento y violencia digital a través de redes sociales. Consideró que esta situación ha contribuido a generar un ambiente de intimidación hacia quienes han decidido visibilizar el caso.
Rodríguez también afirmó que la FGE ha evitado actuar con mayor firmeza para no enfrentar críticas de sectores ciudadanos que respaldan a la organización señalada. Además, hizo referencia al fallecimiento de una mujer trans ocurrido recientemente en un hotel, caso que, indicó, está siendo investigado por las autoridades bajo una línea distinta a la que consideran algunos activistas, aunque evitó proporcionar más detalles para no interferir en las investigaciones.
Las declaraciones se producen semanas después de las manifestaciones realizadas por integrantes de la comunidad LGBTQ+ tanto frente al centro de rehabilitación Jireh como en el patio central de Palacio Municipal, donde exigieron una investigación exhaustiva sobre los presuntos actos de terapia de conversión, discriminación y privación ilegal de la libertad denunciados en contra de dicha organización.
