Tijuana BC., (NDT).- La operación de la Secretaría de Bienestar de Baja California quedó bajo cuestionamiento ante señalamientos que apuntan a un supuesto uso político de programas sociales y estructuras gubernamentales para beneficiar al grupo encabezado por el exsecretario Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán y fortalecer la proyección de la senadora Julieta Ramírez.
Uno de los señalamientos más graves sostiene que hasta 72 por ciento de determinados apoyos y programas asistenciales habría terminado concentrado entre militantes u operadores identificados con ese círculo político. Sin embargo, este porcentaje deberá ser respaldado con padrones, auditorías o documentos oficiales que permitan establecer su origen y metodología.
Las acusaciones también alcanzan el terreno patrimonial. Se señala la adquisición de una propiedad de alto valor a finales de 2025, mediante una operación realizada con un allegado y exfuncionario, en la que presuntamente existiría una diferencia superior a dos millones de pesos respecto al valor esperado de la transacción. Será necesario establecer documentalmente las condiciones de compraventa y determinar si existió alguna irregularidad.
Otro punto bajo cuestionamiento es la presunta utilización de personal interino y estructuras educativas con fines políticos. De acuerdo con los señalamientos, trabajadores habrían sido presionados mediante la posibilidad de perder contratos o plazas para participar en actividades territoriales e incluso integrar listados de ciudadanos acompañados de información de sus credenciales de elector.
También se describen reuniones privadas de recaudación realizadas en propiedades particulares, donde empresarios y operadores políticos presuntamente habrían realizado aportaciones económicas a cambio de expectativas relacionadas con contratos, espacios administrativos o posiciones dentro de futuros gobiernos. Hasta ahora, estas acusaciones requieren evidencia documental que permita acreditar aportaciones, montos y eventuales contraprestaciones.
La movilización para eventos políticos constituye otro de los puntos señalados. Las acusaciones sostienen que autobuses, vehículos y recursos vinculados con estructuras gubernamentales habrían sido utilizados para trasladar asistentes a actos relacionados con la promoción política de Ramírez, algunos presentados públicamente como actividades legislativas.
De comprobarse la utilización de recursos materiales, humanos o presupuestales del Gobierno del Estado para beneficiar una aspiración electoral, el caso podría abrir cuestionamientos administrativos y electorales sobre el uso imparcial de los recursos públicos. Para determinar responsabilidades sería indispensable conocer el origen del financiamiento de cada evento y la participación concreta de servidores públicos.
El punto central de los señalamientos es la posible conexión entre programas sociales, operadores territoriales y promoción política. La existencia simultánea de estas estructuras no demuestra por sí misma una irregularidad; lo relevante será determinar si recursos públicos destinados a combatir la marginación fueron utilizados para construir una estructura electoral.
Las acusaciones también plantean dudas sobre la actuación de los órganos internos de control y fiscalización, particularmente respecto de pólizas de gasto, padrones de beneficiarios, contratación de servicios, movilización de personal y eventuales observaciones realizadas durante auditorías.
Por la gravedad de los señalamientos, resulta indispensable que Netzahualcóyotl Jáuregui y la senadora Julieta Ramírez tengan oportunidad de fijar postura y que las autoridades competentes transparenten padrones, auditorías y documentación presupuestal relacionada con los programas cuestionados.
Los documentos tendrán que determinar si existió una operación institucional irregular o si los señalamientos carecen de sustento. En cualquiera de los dos escenarios, Baja California merece conocer qué ocurrió con los recursos destinados a quienes más los necesitan.
