El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 4 de julio un paquete fiscal que destina 170 mil millones de dólares a fortalecer el sistema de control migratorio y seguridad fronteriza.
La medida fue aprobada un día antes por el Congreso, de mayoría conservadora, en una votación cerrada y mediante el procedimiento de reconciliación presupuestaria, lo que evitó el uso del filibusterismo en el Senado.
El presupuesto asignado incrementó significativamente los recursos de las agencias de control migratorio. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) recibió 75 mil millones de dólares adicionales, convirtiéndose en la agencia policial con mayor financiamiento federal.
Parte de estos fondos se destinarán a la contratación de 10 mil agentes nuevos, adquisición de aeronaves para deportación, ampliación de centros de detención en instalaciones militares y privadas, y entrega de bonificaciones al personal operativo.
Adicionalmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtuvo 46 mil millones de dólares para continuar la construcción del muro fronterizo y otros tipos de barreras, además de 12 mil millones para logística, contratación y entrenamiento.
Según declaraciones de Todd Lyons, director interino de ICE, este paquete permitirá a los agentes “seguir haciendo a Estados Unidos seguro de nuevo, identificando, arrestando y expulsando a extranjeros criminales”, en el marco de una política de seguridad interior.
Reportes señalan que agentes de ICE y CBP estarían recibiendo recompensas económicas por cada detención, incluyendo bonificaciones mensuales, ascensos y distinciones, convirtiendo los arrestos en indicadores clave de rendimiento, conocidos como KPI.
Organismos civiles han documentado detenciones basadas en características físicas, como color de piel o apariencia, prácticas vinculadas con el cumplimiento de cuotas internas no oficiales que estarían ligadas a dichos incentivos.
La legislación también contempla duplicar la capacidad de los centros de detención, permitiendo el encierro simultáneo de más de 100 mil personas, lo que representa un aumento significativo respecto a ciclos fiscales anteriores.
Expertos han calificado el nuevo esquema como un sistema de incentivos coercitivos, donde las recompensas materiales sustituyen criterios jurídicos, intensificando acciones de detención y deportación en un contexto de creciente polarización política.