Tijuana BC., (NDT).- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) encontró pacientes sin expedientes completos, ausencia de documentos que acreditaran su consentimiento para permanecer internados y deficiencias en los protocolos de seguridad durante la inspección realizada al Centro de Rehabilitación Jireh, establecimiento donde recientemente ocurrió el homicidio de un paciente.
Ricardo Serrano Burgos, comisionado estatal de COEPRIS, explicó que las irregularidades detectadas proporcionaron elementos suficientes para imponer medidas de seguridad y ordenar la suspensión provisional del centro de rehabilitación. Precisó que la intervención se realizó como consecuencia del homicidio ocurrido días atrás dentro de las instalaciones.
“Justamente realizamos esta visita de verificación y encontramos elementos suficientes para imponer medidas de seguridad, particularmente la suspensión provisional de este centro de rehabilitación, Jireh, a raíz del homicidio que sucedió en días pasados”, declaró el funcionario estatal.
Entre los principales hallazgos, Serrano Burgos señaló que la autoridad sanitaria no localizó expedientes completos de las personas internas, ni identificó los consentimientos mediante los cuales los pacientes aceptaron permanecer dentro del establecimiento. Esta documentación es indispensable para acreditar las condiciones bajo las cuales una persona ingresa y recibe tratamiento en un centro de rehabilitación.
El comisionado también destacó la existencia de deficiencias en los protocolos de seguridad, cuya ausencia, sostuvo, quedó evidenciada por el homicidio registrado dentro del centro. Estas irregularidades formarán parte del procedimiento administrativo que determinará las responsabilidades y las condiciones que deberá cumplir el establecimiento.
Serrano Burgos aseguró que la imposición de la medida se realizó mediante el diálogo con las personas internas y que, junto con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC), se ofreció acompañamiento para garantizar un traslado digno y seguro hacia centros de rehabilitación que cuentan con acreditación oficial.
“La medida de seguridad es temporal; es una acción administrativa y preventiva, en tanto se dirime todo el proceso administrativo por el que está pasando este centro”, puntualizó el titular de COEPRIS. El establecimiento permanecerá suspendido mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente y se determina si existen condiciones para una eventual reapertura.
Por su parte, Dagoberto Valdés Juárez, secretario de Salud de Baja California, informó que el operativo fue coordinado por autoridades sanitarias y de seguridad, con la participación del IPEBC, COEPRIS, la Jurisdicción Sanitaria y otras dependencias estatales. La inspección se realizó después de que la Fiscalía General del Estado notificó sobre el homicidio y recomendó dar seguimiento a las condiciones del centro.
Durante la intervención fueron localizados 84 pacientes, quienes tuvieron que abandonar las instalaciones debido a la suspensión. De ese total, 11 personas solicitaron el alta voluntaria y se retiraron acompañadas de sus familiares, mientras que las 73 restantes fueron trasladadas a otros centros de rehabilitación avalados por el IPEBC.
Valdés Juárez aseguró que los traslados se realizaron bajo condiciones de seguridad, garantizando los derechos humanos de las personas y vigilando su estado de salud. Agregó que la suspensión obedeció a las inconsistencias encontradas durante la visita de verificación, además del antecedente del homicidio ocurrido en las instalaciones.
En tanto, Víctor Salvador Rico Hernández, director general del IPEBC, explicó que una de las funciones del organismo es supervisar los establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones. Informó que en Baja California existen 304 centros de rehabilitación, de los cuales 199 se encuentran certificados y acreditados por el instituto.
La certificación significa que los establecimientos cumplen con requisitos relacionados con una infraestructura adecuada, personal capacitado y un modelo definido de atención, desde el ingreso hasta el egreso del paciente. Este proceso debe contemplar desintoxicación, psicoterapia individual, valoraciones médicas y atención de padecimientos asociados al consumo de drogas, como depresión, ansiedad o psicosis.
Rico Hernández agregó que, una vez concluido el tratamiento, los pacientes pueden ser valorados y recibir seguimiento mediante los 17 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) existentes en el estado. También indicó que Baja California ocupa el tercer lugar nacional con mayor número de centros de rehabilitación acreditados y certificados.
El director del IPEBC afirmó que los 73 pacientes trasladados serán valorados dentro de los centros receptores y recibirán seguimiento médico durante su permanencia y al momento de egresar. Añadió que la instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es brindar atención a las personas con problemas de adicciones y mantener una coordinación permanente con los establecimientos que cumplen con la normatividad.
