La supervisora del condado de San Diego, Paloma Aguirre, anunció que utilizaría las facultades de su cargo para enfrentar la crisis de aguas residuales en el río Tijuana, luego de asumir funciones en julio.
Según expresó, será en la próxima sesión de la Junta de Supervisores cuando presente propuestas para acelerar los estudios regionales aprobados en junio pasado, relacionados con impactos en la salud pública y las pérdidas económicas derivadas del cierre de playas.
Asimismo, la funcionaria adelantó que pedirá además la contratación de un cabildero con un presupuesto aproximado de 100 mil dólares, cuyo objetivo será informar a legisladores federales sobre la magnitud de la contaminación registrada en la zona.
Según Aguirre, los esfuerzos federales actualmente solo se concentran en una planta de tratamiento transfronteriza deteriorada, sin atender la descarga de aguas residuales e industriales provenientes de desarrollos habitacionales y fábricas instaladas en Tijuana.
“Hasta que no se aborde el río, tendremos playas cerradas y gente enfermándose”, afirmó Paloma Aguirre, quien advirtió que la contaminación seguirá afectando a residentes del sur del condado mientras no se atienda el origen.
En ese sentido, la supervisora anunció también que viajará a Sacramento este mes para respaldar la aplicación de 50 millones de dólares de una iniciativa estatal climática en la reparación de un punto crítico en Imperial Beach.