La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no comprometen la seguridad del estado, luego de que se difundiera una segunda grabación en la que presuntamente conversa con un intermediario identificado como asesor externo del FBI.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal señaló que la gobernadora ya ofreció una explicación sobre el contenido de las grabaciones y subrayó que no existe certeza sobre la identidad de la persona con la que sostuvo la conversación. “Ella ya dio su explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando, y ella ya dio su información”, declaró.
Sheinbaum sostuvo que el contenido del audio no representa un riesgo para la seguridad de Baja California, al considerar que no está acreditado que la conversación haya sido con una autoridad estadounidense ni que se hayan revelado datos confidenciales. “Es una información que ella está hablando con una persona; no sabemos qué persona es, no sabemos ni siquiera si es una autoridad estadounidenses o no”, expresó.
En el mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que del contenido de las grabaciones no se desprende que se haya filtrado información reservada. Explicó que en las mesas estatales de seguridad únicamente se revisa la incidencia delictiva diaria y no se abordan temas sensibles que puedan comprometer la seguridad nacional.
La polémica se intensificó tras la publicación, el pasado 13 de julio, de un segundo audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón, en el que presuntamente la gobernadora manifiesta disposición para colaborar con un intermediario identificado como asesor externo del FBI y expresa preocupación por una posible orden de extradición. La difusión ocurrió semanas después de un primer audio, dado a conocer el 22 de junio, en el que Ávila Olmeda rechazaba haber buscado acuerdos “en lo oscurito” con autoridades de Estados Unidos.
Tras la difusión de la segunda grabación, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió que la mandataria estatal solicite licencia al cargo mientras se esclarece su situación jurídica, al considerar que el caso rebasa el ámbito político y podría involucrar asuntos relacionados con la seguridad nacional.
Hasta el momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han emitido un posicionamiento oficial sobre el contenido de los audios. En tanto, permanece la expectativa sobre una posible actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de una investigación formal, así como las acciones que eventualmente pudiera adoptar el Gobierno de Baja California para reforzar el manejo de información en materia de seguridad.
