El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California hizo un llamado al gobierno estatal para reducir la tasa del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), argumentando que actualmente es un 70% más alta que en otros estados del país, lo cual representa una desventaja competitiva para el sector productivo de la entidad.
Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE, señaló que esta carga fiscal excesiva desalienta la inversión y limita el crecimiento económico regional.
Durante una reunión plenaria, los organismos empresariales que integran el CCE también abordaron la iniciativa del gobierno estatal para cancelar el Fideicomiso de Desarrollo Económico (Fidem), administrado por el propio sector privado. Lyle calificó como “decisiones unilaterales” las acciones del gobierno, afirmando que estas afectan la competitividad de Baja California y la estabilidad de miles de empresas.
El dirigente empresarial subrayó que la tasa base del ISN en el estado es una de las más altas del país, lo que ha generado consecuencias graves como el cierre de negocios y el aumento de la informalidad. Según datos presentados por el CCE, tan solo en 2023 cerraron alrededor de dos mil 400 empresas debido a la carga impositiva, lo que también se tradujo en una pérdida considerable de empleos.
Joel Villalobos Gutiérrez, presidente del CCE en Tecate, agregó que el gobierno estatal prevé recaudar 12 mil 200 millones de pesos por concepto de ISN en 2025, cifra muy superior a los dos mil 500 millones recaudados en 2018, cuando la tasa era del 1.8%. Actualmente, el impuesto se ubica en un 4.25%, pero ese aumento no se ha reflejado en una mejora tangible en servicios o infraestructura, subrayó.
Como ejemplo de esta falta de resultados, Villalobos mencionó los nueve mil millones de pesos invertidos en seguridad durante 2024, pese a lo cual la percepción de inseguridad entre los ciudadanos continúa siendo alta. Esto pone en duda la eficiencia en el uso de los recursos públicos recaudados por este y otros gravámenes.
Por último, Roberto Lyle criticó la propuesta de destinar los 180 millones de pesos anuales del Fidem a infraestructura educativa, al considerar que se trata de una cantidad mínima frente a los 19 mil millones que el gobierno ha reconocido como necesarios en ese rubro. El CCE espera reunirse próximamente con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para discutir tanto la cancelación del fideicomiso como la urgente necesidad de reducir el ISN.
