El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y 13 empresas mexicanas presuntamente relacionadas con una red operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a defraudar a ciudadanos estadounidenses.
Los sancionados se tratan del empresario Michael Ibarra Díaz; Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, previamente señalados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por liderar operaciones del CJNG.
De acuerdo con el comunicado, Michael Ibarra figura como empresario del sector turístico con negocios legalmente registrados, pero presuntamente colabora con el CJNG en actividades fraudulentas relacionadas con propiedades vacacionales bajo el modelo de tiempo compartido.
Asimismo, las autoridades indicaron que las compañías sancionadas operaban en Puerto Vallarta y zonas cercanas, considerado por Estados Unidos un punto estratégico para el CJNG, que ha diversificado sus actividades en la región más allá del narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, entre 2019 y 2023 cerca de 6 mil ciudadanos estadounidenses denunciaron pérdidas aproximadas de 300 millones de dólares por fraudes vinculados a propiedades vacacionales en México bajo el esquema de tiempo compartido.
En 2024, las denuncias sumaron otros 50 millones de dólares. Las víctimas, en su mayoría personas mayores, entregaron sumas elevadas por supuestas cuotas o impuestos relacionados con operaciones de venta o recuperación de inmuebles.
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, la red de fraude se hacía pasar por teleoperadores en México “con un inglés muy fluido” y contactaba a propietarios para hacerse pasar por abogados, agentes inmobiliarios o representantes de empresas del sector.
El fraude consistía en ofrecer la compra o recuperación de derechos de uso de propiedades en tiempo compartido, modalidad en la que varias personas comparten el acceso a un inmueble durante un periodo específico cada año.
La designación del CJNG como organización terrorista extranjera había sido realizada por la administración del presidente Donald Trump en febrero pasado, como parte de una estrategia para aumentar las acciones de persecución internacional contra sus operaciones.
El Departamento del Tesoro detalló que la medida, coordinada con el FBI, la DEA y autoridades financieras mexicanas, congela activos en territorio estadounidense y prohíbe a ciudadanos de ese país cualquier transacción con los sancionados.