Una mujer solicitó auxilio público a través de una transmisión en vivo tras denunciar el ingreso de presuntos elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) a su domicilio en la colonia Chapultepec, un hecho que fue ratificado por el cirujano Carlos Altamirano, generando indignación en redes sociales.
Posteriormente comenzaron a circular videos de cámaras de seguridad donde se observa a personal armado dentro y fuera de la vivienda. En las imágenes se aprecia cómo se retiran múltiples bolsas de una habitación y diversos objetos, lo que ha sido interpretado por los denunciantes como un saqueo durante el presunto operativo.
Otra toma muestra unidades con insignias de la Guardia Nacional estacionadas afuera del domicilio. En los videos difundidos este miercoles 4 de febrero, algunas placas no serían visibles, lo que ha incrementado las sospechas y exigencias públicas de aclaración.
De acuerdo con la versión de las víctimas, todo lo retirado fue cargado en un vehículo compacto. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad federal ha explicado oficialmente la naturaleza del operativo ni ha confirmado si existió orden de cateo, lo que ha profundizado el clima de desconfianza.
La polémica creció aún más luego de que, horas después de viralizarse los videos, se registraran reportes de una amenaza de bomba en los juzgados federales de Zona Río y dos incendios en ductos de Pemex.
En redes sociales y entre los propios denunciantes se ha señalado como altamente sospechosa la coincidencia temporal de estos hechos, sobre todo después de que algunos reportes fueran catalogados como falsos o en investigación. No existe, hasta ahora, una postura oficial que aclare si hay o no relación entre los eventos.
Médicos bariátricos que pidieron anonimato, afirman haber sufrido ingresos similares a sus viviendas y robo de dinero y objetos de valor bajo operativos con características parecidas. Estas acusaciones tampoco han sido aclaradas públicamente por instancias federales.
Juristas consultados advierten que cualquier cateo debe estar plenamente sustentado en órdenes judiciales y ejecutarse bajo protocolos estrictos.
Por ello, sostienen que corresponde a las autoridades transparentar lo ocurrido, ya que la percepción de abusos en operativos federales no solo daña la confianza institucional, sino que coloca a profesionistas y ciudadanos en un escenario de temor.
