Renuncia fiscal de Mexicali señalado en el caso “Amparito”
Compartir

Efrén Ruiz Romo presentó su renuncia como fiscal regional de Mexicali, tras ser denunciado penalmente por abuso de autoridad por Ana Lidia Soto Romero, hija de Amparo Romero, enfermera jubilada que murió en 2024 tras ser atacada por una jauría de perros.

El funcionario argumentó motivos personales para dejar el cargo, convirtiéndose en el primer alto mando en dimitir después de la salida del fiscal central, Rafael Orozco.

Ruiz Romo asumió la titularidad de la Fiscalía Regional en noviembre de 2024, luego de que su antecesor, Rafael Cervantes Sánchez, renunciara para participar en las elecciones del Poder Judicial del Estado. Con 13 años de trayectoria en la Fiscalía General del Estado (FGE), se desempeñó en distintas áreas, entre ellas como coordinador de la Unidad contra el Robo de Vehículos en Mexicali.

El señalamiento en su contra surgió al quedar a cargo del caso de Amparo Romero. Ana Lidia Soto lo acusó públicamente en diversas ocasiones, incluso durante sesiones del Pleno del Congreso del Estado, por violencia y abuso de autoridad. Finalmente, en julio presentó una denuncia penal, asegurando que “ningún servidor público que violente a una víctima debe quedar impune y menos continuar en funciones como si nada hubiera ocurrido”.

La dimisión de Ruiz Romo se da en paralelo a la discusión legislativa de la iniciativa conocida popularmente como “Ley Amparito”, que busca tipificar como delito el homicidio y las lesiones provocadas por ataques de animales, cuando esto derive de la acción directa o el descuido de sus dueños. La propuesta contempla sanciones de hasta ocho años de prisión.

Sin embargo, el dictamen aprobado en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, encabezada por el diputado Juan Manuel Molina, fue calificado por Soto Romero como “superficial” y “lleno de errores”, al grado de que ni su nombre estaba correctamente escrito. Además, en el comunicado oficial del Congreso se omitió el nombre “Ley Amparito”, lo que, a decir de la hija de la víctima, borra un año de lucha para impulsar esta reforma.

Amparo Romero fue atacada por una jauría de perros el 18 de agosto de 2024, después de que los animales escaparan de una vivienda vecina. Desde entonces, su hija ha exigido justicia y ha presionado para que se apruebe la iniciativa, la cual fue integrada con propuestas de ella misma y de las diputadas María Yolanda Gaona y Michelle Tejeda, además del propio Molina.