En un mensaje de poco más de medio minuto, Jesús Alejandro Ruiz Uribe afirmó ser víctima de una campaña en su contra, aunque dejó sin respuesta el por qué no reportó la venta de un terreno que le generó ingresos por 11 millones 172 mil pesos en 2023.
El exfuncionario federal no desmintió la información ni ofreció una versión alternativa sobre la operación financiera realizada con un exdirectivo de la desaladora asociada al exgobernador “Kiko” Vega.
El pago se efectuó mediante depósitos a la cuenta bancaria del padre de Ruiz Uribe, fallecido poco antes de la transacción con el ex funcionario panista.
Aun así, Ruiz Uribe reportó en sus declaraciones patrimoniales de 2023, 2024 y 2025 que el predio seguía siendo de su propiedad, omitiendo los ingresos millonarios derivados de la venta. Tal inconsistencia constituye una falta grave conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que obliga a los funcionarios y exfuncionarios a reportar cualquier variación patrimonial significativa.
La controversia afecta sus aspiraciones políticas, pone en duda su honestidad y despierta toda clase de cuestionamientos públicos, que reclaman transparencia sobre esta nueva polémica. Mientras Ruiz Uribe insiste en que todo se trata de ataques en su contra, la exigencia social es clara: que explique, con transparencia y documentos, qué fue lo que realmente ocurrió.