Una organización de derechos de los inmigrantes presentó este miércoles una demanda federal contra el gobierno de Donald Trump, acusando a agentes encubiertos de realizar detenciones sin causa en el sur de California.
El recurso legal describió a la región de Los Ángeles como “sitiada” por agentes no identificados, algunos vestidos con ropa militar, que realizaron arrestos sin orden judicial en espacios públicos y zonas agrícolas.
Según información de medios estadounidenses, la denuncia incluye testimonios de tres inmigrantes detenidos, dos ciudadanos de Estados Unidos y varias organizaciones que describen esto como “una práctica sistemática” de detener a personas de tez morena por su apariencia y acento.
Uno de los casos relatados fue el de Jorge Hernández Viramontes, ciudadano estadounidense que trabajaba en un autolavado cuando fue retenido por agentes a pesar de mostrar su identificación y afirmar tener doble nacionalidad.
De acuerdo con la denuncia, los agentes intervinieron el negocio y lo llevaron en un vehículo sin proporcionar explicación para después ser regresado tras comprobar su estatus, sin ofrecer disculpas.
Al respecto, trascendieron las declaraciones de Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien negó las acusaciones, afirmando que las operaciones de cumplimiento “son específicas”, al tiempo que calificó de falsa la afirmación de que se actuó bajo motivos raciales.
Respecto a las condiciones en los centros de detención, McLaughlin aseguró que los estándares del ICE eran superiores a los de las prisiones que albergan a ciudadanos, con acceso a alimentación, atención médica e incluso con comunicación con abogados.
Esto contrasta con los detalles proporcionados por los demandantes, quienes insistieron en que las personas detenidas fueron llevadas a espacios como el sótano conocido como “B-18” en el centro de Los Ángeles, donde permanecieron sin higiene, acceso a defensores públicos y con carencias básicas.
El Departamento de Seguridad Nacional comunicó que entre el 6 y el 22 de junio se detuvo a 1,618 personas en redadas en Los Ángeles y otras áreas cercanas, aunque la mayoría no contaba con antecedentes penales.
La demanda sostiene que la administración eliminó mecanismos de supervisión y directrices sobre el comportamiento de los agentes, permitiendo arrestos sin verificación legal, incluso en tiendas y paradas de autobús por órdenes de altos funcionarios.
Debido a estas redadas, se ha reportado que en las últimas semanas personas con y sin situación regular en el país han optado por enviar a sus hijos con ciudadanía norteamericana a realizar compras de víveres y otros artículos de necesidad básica ante el temor de ser detenidos y deportados, abundando los casos en donde estos son menores de edad.