Con el objetivo de reforzar la seguridad y el control en los centros de reinserción social de Baja California, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado y tipificar como delito el ingreso, posesión y suministro ilegal de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación dentro de las prisiones.
El legislador advirtió que en la entidad se ha detectado un fenómeno alarmante: el uso de tecnología al interior de los penales para coordinar actividades delictivas, cometer extorsiones telefónicas y mantener el control de grupos criminales hacia el exterior. Señaló que resulta inaceptable que, mientras la ciudadanía exige mayor seguridad, las cárceles sean utilizadas como centros de operación del crimen organizado.
La iniciativa surge también tras la difusión de casos recientes en los que personas privadas de la libertad han realizado transmisiones en vivo y publicado videos en redes sociales desde el interior de los centros penitenciarios, exhibiendo presuntos privilegios y la falta de control institucional.
Actualmente, la prohibición del ingreso de celulares se limita a reglamentos internos con sanciones administrativas, situación que, de acuerdo con el diputado, ha favorecido la corrupción y el flujo constante de dispositivos tecnológicos a las cárceles.
La propuesta contempla penas de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días multa para quien introduzca, posea o suministre teléfonos celulares, radios, dispositivos de transmisión de datos, chips, cargadores o accesorios necesarios para su funcionamiento. Además, se plantea agravar la sanción hasta en una mitad cuando en estos hechos participen servidores públicos o custodios penitenciarios, quienes también enfrentarían destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Asimismo, se incrementarán las penas cuando el objetivo sea facilitar la comisión de delitos desde el interior de los centros penitenciarios.
Finalmente, el legislador sostuvo que la falta de sanciones penales ha alimentado un mercado negro que corrompe a personal penitenciario y fortalece a los internos, perpetuando la imagen de las cárceles como verdaderas “escuelas del crimen”.
