El Poder Judicial de Baja California (PJBC) informó que se encuentra preparado para el proceso de relevo institucional, el cual iniciará el 1 de septiembre de 2025 con la entrada de autoridades electas.
Durante una exposición ante medios en Mexicali, el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado, Carlos Rafael Flores Domínguez, presentó un panorama de la situación que actualmente mantiene el Poder Judicial.
Explicó que el 1 de septiembre las Magistraturas y las Personas Juzgadoras electas rendirán protesta en el Congreso estatal. Posteriormente se conformará el Pleno de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Una vez integrado el Pleno, se procederá a elegir la Presidencia, asignar Magistraturas a Salas, designar integrantes del Consejo de Administración, instalar dicho Consejo y establecer adscripciones de las personas juzgadoras.
Flores Domínguez detalló que el Tribunal estará conformado por 17 Magistraturas y 148 Jueces de distintas materias. De estos últimos, 58 estarán en Tijuana, 53 en Mexicali, 16 en Ensenada, ocho en Tecate, ocho en Rosarito, tres en San Quintín y dos en San Felipe. El 85% de electos proviene de carrera judicial.
Sobre el balance de la actual administración, el funcionario indicó que “se transitó a la digitalización, la modernización de los procesos y la tendencia a la oralidad en las distintas materias… Los juzgados que operan bajo la política cero papel, disminuyeron tiempos de atención y agilizaron trámites, con los 10 Juzgados Familiares nuevos, se logró una despresurización del 56 % en los mismos”.
Añadió que se consolidó la especialización en materias de mayor impacto social, se reforzó el Tribunal Electrónico 2.0, se instalaron Centrales de Actuarios en Tijuana y Ensenada y se amplió el Tribunal Civil Corporativo en Tijuana con seis juzgados civiles.
Finalmente, señaló que los principales desafíos para la siguiente administración serán la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la conclusión de infraestructura pendiente en Rosarito y Tijuana, el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Oral y la digitalización total de procesos.
