La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y sus coordinadores en el Congreso de la Unión exigieron este viernes que se investiguen a fondo los presuntos vínculos entre gobiernos emanados de Morena y el crimen organizado, particularmente tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de liderar la organización criminal conocida como “La Barredora”.
En un comunicado conjunto, el dirigente nacional Jorge Herrera, el coordinador de los senadores, Ricardo Anaya Cortés, y el líder de los diputados panistas, José Elías Lixa, señalaron que el caso de Tabasco es apenas un ejemplo de lo que aseguran ocurre en otras entidades gobernadas por Morena con altos índices de violencia, como Sinaloa, Tamaulipas y Baja California. “La ciudadanía merece saber la verdad y el gobierno debe rendir cuentas”, afirmaron.
Los panistas acusaron que los vínculos criminales de Bermúdez Requena eran del conocimiento de autoridades locales y federales incluso antes de su nombramiento. Mencionaron directamente al entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, hoy senador de la República, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijeron, “no puede alegar desconocimiento”.
Añadieron que, pese a los señalamientos previos y evidencia pública, no se tomaron medidas contra el exfuncionario, lo que permitió que se mantuviera en el cargo y, al mismo tiempo, al frente de una de las principales estructuras criminales en el estado. También criticaron que, tras la captura, Morena haya intentado deslindarse de Bermúdez al expulsarlo del partido sin asumir responsabilidad alguna.
“El crecimiento desbordado del crimen organizado en México no sería posible sin la complicidad de autoridades”, sostuvieron los líderes panistas, quienes en días recientes han impulsado una campaña contra lo que denominan “narcopoder”, en referencia a presuntos vínculos entre Morena y grupos delictivos.
Finalmente, el PAN reiteró su exigencia de que se realicen investigaciones exhaustivas, imparciales y con consecuencias legales claras para quienes resulten responsables. Además, pidieron que la indagatoria se extienda a los gobiernos estatales de Sinaloa, Tamaulipas y Baja California, también encabezados por Morena, donde aseguran que persisten patrones similares de protección e impunidad.