La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que la nueva Ley General de Aguas Nacionales garantiza que los recursos hídricos continúen siendo un bien del pueblo y de la nación, tal como lo establece la Constitución Política de México. Durante su Conferencia Matutina semanal, destacó la importancia del agua como un derecho humano fundamental para la vida de las comunidades.
La mandataria estatal expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar esta legislación, al señalar que frena el acaparamiento del recurso y evita que unos cuantos concentren su control. Subrayó que las reformas en materia hídrica surgieron a partir del diálogo permanente en mesas de trabajo con sociedad civil, sectores productivos, autoridades y distritos de riego, espacios que permitieron atender inquietudes y aclarar interpretaciones imprecisas.
En ese contexto, Ávila Olmeda precisó que la nueva Ley no prohíbe heredar propiedades con concesiones, ni impide la venta de tierras con títulos vigentes; tampoco contempla la revocación automática de concesiones, no criminaliza a pequeños productores y no limita el traslado de agua para actividades agropecuarias. Además, reconoce los derechos históricos de los pueblos indígenas y sistemas comunitarios tradicionales.
La gobernadora consideró falso que la reforma represente una expropiación disfrazada o que pretenda beneficiar a grandes empresas o destinar agua a Estados Unidos. Enfatizó que el verdadero objetivo es revertir la mercantilización del recurso derivada de la legislación de 1992 y frenar abusos como el acaparamiento, la sobreexplotación, la especulación y el mercado negro del agua.
Reiteró que los sectores productivos contarán con una mesa permanente de diálogo con los gobiernos federal y estatal para resolver dudas sobre la nueva Ley, la cual dijo fortalecerá los sectores agrícola y ganadero en regiones como Ensenada, Maneadero y San Quintín.
Por su parte, el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Víctor Daniel Amador Barragán, explicó que la Ley impulsará esquemas como la captación de agua pluvial para uso doméstico y sistemas comunitarios de abasto en zonas sin servicios de agua y drenaje.
Agregó que se incorpora la figura de la actividad agropecuaria familiar para fortalecer el sustento de las familias dedicadas a labores agrícolas y pecuarias. Asimismo, señaló que se establecieron medidas más estrictas para combatir el robo de agua, mediante procedimientos reforzados para imponer multas y sanciones que pueden llegar hasta las 30 mil UMAS.