La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa para reformar dos artículos de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Baja California. El objetivo es prevenir la violencia patrimonial dentro del núcleo familiar, una forma de agresión que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene profundas consecuencias.
Durante su intervención, la legisladora de Morena explicó que la violencia patrimonial implica actos u omisiones que causan daño directo o indirecto a bienes muebles o inmuebles. Esto incluye la sustracción, destrucción, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, así como la perturbación en la propiedad o posesión de estos.
Murillo López también diferenció la violencia económica, definida como toda acción u omisión que impide cubrir las necesidades básicas de la víctima para ejercer control mediante los recursos financieros. Ambos tipos de violencia, dijo, son manifestaciones del mismo problema estructural que afecta a muchas familias, sin importar su nivel económico o educativo.
En su exposición de motivos, señaló que la violencia familiar o doméstica está presente en todos los sectores sociales. Las relaciones familiares deberían sustentarse en el respeto mutuo, pero en muchos casos se convierten en entornos de abuso físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial.
La legisladora subrayó que la violencia familiar incluye actos de dominio, control o agresión dirigidos a cualquier miembro del entorno afectivo, como esposas, esposos, padres, abuelos, hijos o parejas, independientemente de si hay un vínculo legal. Esta violencia puede tomar diversas formas y, a menudo, combina varias de ellas, con consecuencias que afectan profundamente a las víctimas.
Finalmente, Murillo López enfatizó que si bien las mujeres suelen ser las principales víctimas y los agresores suelen ser hombres, también existen casos de violencia familiar en los que los hombres son víctimas. Por ello, es fundamental visibilizar todas las formas de violencia y actualizar el marco legal para proteger de forma integral a todas las personas dentro del entorno familiar.