Con el objetivo de fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia y brindar apoyo integral a sus hijas, hijos y familias, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó un exhorto ante el Congreso del Estado de Baja California.
La propuesta plantea acciones concretas para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente los feminicidios y sus tentativas, mediante la implementación de los Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM).
El exhorto fue dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al Secretario General de Gobierno (SGG), al Secretario de Salud (SS) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el propósito de articular esfuerzos institucionales que garanticen la atención integral de víctimas y sus familias. Sánchez Allende subrayó que el Estado no puede limitarse a actuar una vez cometido el delito, sino que debe priorizar la prevención, reeducación y transformación social.
Durante su intervención, la legisladora expuso cifras alarmantes: entre 2015 y febrero de 2022 se reportaron 92 carpetas de investigación por feminicidio en Baja California y 20 más por tentativa. Además, citó datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que en su informe 2018 destacó que el 59% de las mujeres asesinadas eran madres de familia, lo cual convierte a sus hijos e hijas en víctimas indirectas, muchas veces desprotegidas o incluso bajo el cuidado de los agresores.
Ante este panorama, el exhorto solicita desarrollar los CECOVIM en los municipios de Ensenada, San Quintín, Tecate y Playas de Rosarito, además de exigir a la FGE investigar toda muerte violenta de mujer y tentativa de feminicidio conforme al Protocolo con Perspectiva de Género. También se pide al TSJ aplicar esta perspectiva de forma obligatoria y garantizar la reparación del daño a víctimas indirectas, incluyendo atención médica, psicológica y medidas que prevengan la repetición del daño.
“No hay justicia verdadera si no hay prevención real”, enfatizó Sánchez Allende. Indicó que los CECOVIM no deben verse como medidas aisladas, sino como una política pública integral que asegure el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, proteja a sus familias y promueva comunidades más seguras y justas.
Finalmente, la diputada reiteró que la reparación del daño no debe limitarse a aspectos legales, sino incluir un enfoque humano y estructural. Esto implica garantizar el acceso a servicios de salud física y mental para las víctimas indirectas, así como la transformación institucional y cultural que permita erradicar las raíces de la violencia de género en el estado.