La diputada local Michel Sánchez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California con el objetivo de frenar prácticas empresariales que dejan en indefensión a personas trabajadoras, particularmente cuando compañías cierran operaciones, cambian de domicilio o desaparecen sin cumplir con despidos, salarios ni prestaciones.
La legisladora, presidenta del Congreso del Estado, explicó que la propuesta busca crear un nuevo artículo penal que permita investigar y sancionar a empresas que evaden sus responsabilidades laborales. Señaló que actualmente estos casos suelen quedar impunes, ya que las vías laborales resultan insuficientes para atender situaciones de abandono reiterado y afectaciones colectivas.
De acuerdo con la información expuesta, en Baja California se han identificado al menos 21 empresas “golondrinas” en los últimos dos años, afectando directamente a 885 personas trabajadoras. En muchos casos, los cierres se realizan de manera repentina, sin pago de salarios, utilidades ni prestaciones de ley.
La iniciativa contempla la creación de tres nuevos delitos: el retraso o retención de salarios y la omisión en el reparto de utilidades; el abandono empresarial sin cubrir derechos laborales, conocido como Ley Antigolondrinas; y el acoso laboral en sus expresiones física, verbal o psicológica dentro de los centros de trabajo.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que la Procuraduría del Trabajo pueda actuar por varias víctimas de manera conjunta, lo que permitiría agilizar investigaciones y evitar que las personas afectadas enfrenten procesos largos y aislados frente a empresas que ya no operan en el estado.
Michel Sánchez subrayó que la iniciativa surge del diálogo ciudadano y del parlamento abierto, y responde a una problemática que no puede seguir normalizándose. “Se trata de frenar abusos, establecer responsabilidades claras y garantizar que quienes trabajan no vuelvan a ser los únicos que paguen las consecuencias”, sostuvo.
