Ensenada BC., (NDT).- A tres años de la llamada “masacre del Santuario Guillermina”, ciudadanos y activistas volvieron a las calles para exigir justicia por la muerte de 19 perros y tres gatos, ocurrida durante la irrupción de maquinaria pesada en el predio donde funcionaba el refugio de animales en Ensenada.
De acuerdo con información del periodista Antonio Heras, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2023, cuando maquinaria atribuida a la empresa Pétreos del Pacífico, señalada como filial de Amaya Curiel, ingresó al terreno en medio de una disputa por el predio y arrasó con parte de las instalaciones, incluidas las jaulas donde permanecían los animales.
El saldo fue de 22 animales muertos: 19 perros y tres gatos, además de la destrucción de infraestructura utilizada para el resguardo y atención de los ejemplares.
Este domingo 30 de agosto de 2026, al cumplirse exactamente tres años de los hechos, se realizó una protesta ciudadana para exigir que las autoridades esclarezcan lo sucedido y determinen responsabilidades. Los manifestantes denunciaron impunidad, omisiones y presuntos actos de corrupción, además de cuestionar la actuación de dependencias del Ayuntamiento de Ensenada.
Los señalamientos apuntan particularmente hacia la Sindicatura Municipal y la Dirección de Ecología, instancias a las que los inconformes atribuyen falta de actuación frente a las posibles faltas administrativas derivadas del caso.
La situación es todavía más delicada en el ámbito penal. De acuerdo con la denuncia difundida por Heras, el expediente de la causa penal habría sido extraviado en la Fiscalía Regional de Ensenada, circunstancia que mantiene sin una resolución definitiva un caso ocurrido hace ya tres años.
La destrucción de las instalaciones terminó además por provocar el cierre del Santuario Guillermina, que dejó de operar como refugio para perros y gatos. Su fundadora, la ambientalista Guillermina Dee Galván, permanece en el terreno de su propiedad, donde actualmente únicamente mantiene bajo cuidado a sus propias mascotas.
Los inconformes sostienen que, mientras el santuario desapareció y 22 animales perdieron la vida, las empresas señaladas en torno al conflicto, Amaya Curiel, Pétreos del Pacífico y Baja Country Club, continúan con sus actividades comerciales e industriales.
A tres años de aquella irrupción, la exigencia de los manifestantes permanece prácticamente en el mismo punto: que se esclarezca quién ordenó el ingreso de la maquinaria, se determinen las responsabilidades por la muerte de los animales y se explique qué ocurrió con el expediente penal que, según la denuncia, se encuentra extraviado.
