Ahora que entró la controversia de saber si la flamante sindica procuradora de Tijuana, Teresa Balderas le pondrá el guante encima a la parvada buitres que saquearon el 24 Ayuntamiento de Tijuana y que amenazan con volver por lo poco que quedó en pie. Es menester enterarlos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Baja California acaba de cumplir con el rito procesal que la burocracia, históricamente, ha perfeccionado: ha vinculado a proceso a un funcionario que, aunque clave, ostentaba una posición jerárquicamente dispensable.
No, no es Miguel Ángel Bujanda, aunque su paso gris por la Secretaría de Gobierno lo acredite.
Hablamos de Gabino Orrostieta Soto, ex director de Tecnologías de la Información (TI) del 24 Ayuntamiento de Tijuana, quien ahora enfrenta un proceso penal por el millonario fraude en la adquisición del sistema de armonización contable REGER. Gabino “N” era un director de área. Su firma, presumiblemente, es la que validó la autorización de los pagos a la empresa “Management Technology Innovations S.C.,” convirtiéndolo en el eslabón legalmente indefendible. Sin embargo, la pregunta que irrita y persiste es, ¿bajo qué lógica financiera o administrativa un director puede, por iniciativa propia, desviar o autorizar la erogación de 80 millones de pesos sin que el secretario de finanzas, el oficial mayor, y en última instancia, la propia alcaldesa Montserrat Caballero, tuvieran conocimiento pleno, activo o por omisión deliberada de tal movimiento? La respuesta es que no puede. En el manejo de recursos públicos de esa magnitud, las órdenes, las prioridades y las omisiones se gestan en la cima. Los directores son, a menudo, los ejecutores técnicos de decisiones políticas que les son impuestas o “sugeridas” de manera imperativa. La vinculación a proceso de Gabino es, en este contexto, un ejercicio cínico de contención del daño político. Es el sacrificio del “hilo delgado” para garantizar que la arquitectura del desfalco permanezca intacta y que la investigación no ascienda hacia el verdadero núcleo de poder. Se cumple con la ciudadanía ofreciendo un rostro a la impunidad, pero un rostro que, convenientemente, no es el de quien dirigía la orquesta.
El refrán popular es una máxima inamovible: “La cuerda se rompe por lo más delgado.” Y en el servicio público, la interpretación es literal: los de rango inferior terminan pagando los platos rotos que engrosaron el patrimonio de los de arriba. Son ellos quienes, por necesidad, lealtad mal entendida o franca complicidad forzada, estampan su firma en documentos que representan una hemorragia para el erario. La justicia auténtica en este caso no se contenta con un chivo expiatorio; exige una investigación vertical que determine si las órdenes vinieron desde arriba y si hubo una red de protección institucional. De lo contrario, este proceso solo servirá como un amargo recordatorio de que la impunidad siempre tiene un rostro.
Rodrigo Medeles R.
