La violencia vicaria en Baja California sigue siendo un problema serio y, para acabarla de amolar, muchas instituciones ni siquiera la registran como tal. Así lo contó Elza Alejandra Jiménez Larios, quien coordinó una investigación sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando buscan justicia. Aunque se reformó la Ley de Acceso y el Código Penal, en la práctica todavía falta que las autoridades apliquen la ley como debe ser.
Jiménez explicó que uno de los fallones más comunes es que las denuncias no se reciben como violencia vicaria, a pesar de que está perfectamente definida en el artículo 6, fracción G, de la ley estatal. En vez de eso, las clasifican como otros delitos que tardan mucho más en investigarse, dejando a las mamás sin respuestas y a los niños sin protección.
El estudio muestra que el 60% de los casos en el estado son interestatales: papás agresores que se llevan a los hijos a otros estados para complicar el proceso. Eso obliga a que las autoridades tengan que coordinarse entre varias fiscalías, lo que vuelve todo más lento y desgastante para las víctimas.
Y si lo anterior ya sonaba complicado, el 40% de los casos se vuelve internacional porque los agresores cruzan la frontera con los niños. En una zona como Baja California, esto pasa con facilidad, pero recuperar a los menores puede tardar entre año y medio y dos años. Ese tiempo, advirtió Jiménez, termina dejando secuelas emocionales y hasta psiquiátricas en las niñas y los niños.