Un nuevo capítulo se abrió en la controversia legal relacionada con la retención de juegos mecánicos dentro del Parque Morelos de Tijuana, luego de que Moctezuma presentara un escrito ante el Congreso de Baja California para oponerse al juicio político solicitado contra autoridades municipales.
El documento fue dirigido a la presidenta del Congreso del Estado, Liliana Michel Sánchez Allende, y surge como respuesta a la solicitud de juicio político promovida por la empresaria Esperanza Ortiz Banda, quien acusa al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; a la síndica procuradora del Ayuntamiento; y al director del Parque Morelos, Gamaliel Becerra, de presuntas omisiones administrativas, abuso de funciones y retención indebida de sus juegos mecánicos.
De acuerdo con la denunciante, la supuesta retención de estos equipos dentro del parque le habría generado un daño económico cercano a los 4 millones de pesos.
En su posicionamiento, Ávila Moctezuma sostiene que la denuncia tiene origen en una disputa familiar y no en actos de corrupción o irregularidades administrativas, por lo que considera improcedente que el Congreso del Estado analice el caso mediante un procedimiento de juicio político.
Además, el promovente afirma que los bienes en disputa no pertenecen a la denunciante, sino que serían de su propiedad, por lo que rechaza que los servidores públicos señalados tengan responsabilidad directa en la retención de los juegos mecánicos.
El documento también cuestiona la representación legal de la denunciante, señalando que uno de los abogados mencionados no aparece registrado como profesionista ante la Dirección General de Profesiones, lo que, según el escrito, podría constituir un caso de usurpación de profesiones.
Finalmente, Ávila Moctezuma solicitó al Congreso de Baja California analizar de fondo la denuncia y determinar la improcedencia del juicio político, al considerar que el conflicto debería resolverse en instancias civiles o judiciales y no en el ámbito legislativo.
El caso ahora queda en manos del Congreso del Estado, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar o desechar el procedimiento solicitado contra el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, la síndica procuradora y el director del Parque Morelos, Gamaliel Becerra.
