Sin Anestesia / Por Rodrigo Medeles Ruiz.
“A Roma le tomó más de 300 años destruirse a sí misma, pero a Morena le bastaron apenas siete para comenzar a hacerlo”.
La frase puede parecer exagerada, ya que después de todo, Morena conserva el poder y continúa como la fuerza política dominante del país. Sin embargo, su mayor amenaza empieza a tomar forma donde menos le conviene: entre sus propios militantes.
Cuando los adversarios cuestionan a alguno de sus personajes, el partido cierra filas y responde que se trata de una campaña para desacreditarlo. Lo que todavía no puede responder con la misma facilidad es una pregunta que surge desde sus propias filas: ¿cómo puede pedir confianza en los resultados si se niega a mostrar la encuesta?
Los señalamientos que rodean al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la cercanía política de Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de La Barredora, han puesto a prueba la credibilidad de Morena. El partido acumula cuestionamientos mientras insiste en representar una forma distinta de ejercer el poder.
Ahora la inconformidad salió de casa.
En Baja California, la diputada federal con licencia Evangelina Moreno Guerra impugnó ante el Tribunal Electoral la entrega de la constancia a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora estatal de Morena. La designación ocurre, además, en medio de cuestionamientos por la cercanía política de Ramírez con Adán Augusto López Hernández, cuya relación con Bermúdez Requena también ha generado una creciente controversia nacional.
El acuerdo del expediente SUP-JDC-486/2026 precisa los motivos de la inconformidad: una presunta alteración o variación de los resultados de la encuesta, la negativa a hacerlos públicos, la falta de explicación sobre la metodología utilizada y la exclusión de Evangelina de la encuesta final, lo que considera contrario a los principios de paridad y equidad.
El Tribunal ordenó integrar el expediente, turnarlo a una magistrada y requerir documentación a los órganos de Morena. Casi de manera paralela, la dirigencia nacional anunció que publicará las encuestas mediante las cuales fueron seleccionados los coordinadores estatales.
La decisión, más que una muestra espontánea de civilidad y transparencia, parece una reacción obligada frente a la presión política y jurídica. No es un dirigente del PAN ni un vocero de la oposición quien exige conocer los números. Es una militante fundadora de Morena que aspiraba al mismo cargo, participó activamente en el proceso y ahora cuestiona públicamente sus reglas y sus resultados.
En esas condiciones, pedirle que acepte la decisión únicamente por disciplina partidista resulta insuficiente.
Julieta Ramírez llega a esta etapa acompañada por denuncias internas relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña, aunque estas fueron desechadas y no derivaron en una sanción partidista. La demanda de Evangelina apunta a algo mucho más concreto: que Morena explique cómo seleccionó a su coordinadora, muestre los resultados y aclare por qué una de las aspirantes quedó fuera de la encuesta final.
Ahí comienza la implosión.
Morena puede resistir los ataques externos, acusar campañas de desprestigio y denunciar intereses políticos detrás de cada crítica. Pero el discurso de la “guerra sucia” pierde fuerza cuando son sus propios militantes quienes exigen pruebas de que compitieron bajo reglas claras.
A Evangelina Moreno le corresponde acreditar los señalamientos contenidos en su demanda. A Julieta Ramírez, responder políticamente por el equipo, las alianzas y la trayectoria que acompañan su nombramiento. Y a Morena le toca publicar, explicar y defender su método con datos.
Si el partido está convencido de que su encuesta fue limpia, mostrarla debería fortalecerlo, no debilitarlo. Si se resiste a hacerlo, alimentará precisamente aquello que pretende desmentir: la sospecha de que la decisión se tomó antes de contar los votos.
Las fracturas políticas rara vez comienzan con una ruptura espectacular. Primero llegan las inconformidades, después las impugnaciones y, finalmente, la pérdida de confianza entre quienes hasta ayer marchaban bajo la misma bandera.
El 2030 parece lejano, pero los partidos comienzan a perder elecciones mucho antes de que se instalen las urnas. Morena todavía conserva el poder; lo que empieza a perder es la capacidad de convencer a los suyos.
Para que no lo olvides:
Este 23 de septiembre, autoridades federales y estatales capturaron al morenista Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por su presunta responsabilidad en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
El caso se suma al de Diego Rivera Navarro, entonces alcalde morenista de Tequila, Jalisco, detenido en febrero dentro de una investigación por presunta extorsión y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En otro expediente de mayor dimensión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos relacionados con narcotráfico y armas contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, junto con otros siete funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
