La actuación del IEEBC contra el periodista Said Betanzos podría configurar una violación al debido proceso y un atentado contra la libertad de expresión, de acuerdo con información recabada entre personal del propio organismo.
Trabajadores del Instituto señalaron en anonimato que se giraron instrucciones para notificar medidas cautelares sin respetar el orden legal, privilegiando la rapidez sobre las formalidades previstas en la ley. Los artículos 14 y 16 de la Constitución establecen que ningún acto de autoridad puede ejecutarse sin un procedimiento debidamente fundado y motivado.
El artículo 19 del Reglamento de Quejas del IEEBC advierte que serán nulas las notificaciones practicadas fuera de la Ley Electoral. Sin embargo, según versiones internas, se intentó notificar por cualquier medio, incluso electrónico, sin agotar primero la notificación personal, como exige el artículo 302 de la legislación.
De acuerdo con estas fuentes, la prisa buscaba que la notificación quedara firme antes de un foro encabezado por la alcaldesa de Rosarito, Rocío Adame, quien promovió la queja por presunta violencia política de género.
El procedimiento se dirige contra el periodista por publicaciones sobre la función pública de la edil, sujeta al escrutinio ciudadano y periodístico. Además, se señala un posible conflicto de interés, ya que el presidente del IEEBC mantendría una relación societaria con hermanos de la alcaldesa.
Personal del Instituto advirtió que la notificación irregular podría generar nulidades procesales y responsabilidades administrativas. A ello se suma otro señalamiento: no fue localizado el correo electrónico con el que supuestamente se presentó la queja, ni se logró ratificar su existencia.
“Si no hay correo ni evidencia del mismo, ¿cómo se tuvo conocimiento de la inconformidad contra el periodista?”, cuestionaron trabajadores del organismo.
