Tijuana BC., (NDT).- Richard Damián Pimentel perdió la vida dentro de uno de los dormitorios del Centro de Rehabilitación Jireh, establecimiento vinculado con el grupo conocido como la “Patrulla Espiritual”, ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, en el Poblado Ejido Matamoros, en Tijuana, Baja California.
El homicidio mantiene abiertas varias líneas de investigación que hasta el momento han dejado dos personas detenidas, órdenes de aprehensión contra otros posibles participantes y la búsqueda de uno de los encargados del establecimiento. El caso también provocó que autoridades estatales preparen una nueva revisión interinstitucional de los centros de rehabilitación o anexos que operan en Baja California.

La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que Richard Damián había sido ingresado por su madre debido al consumo de sustancias y con el propósito de comenzar un proceso de rehabilitación. Sin embargo, fue privado de la vida apenas tres días después de su ingreso.
“Lamentablemente fue privado de la vida al tercer día en el interior de dicha clínica. Ya tenemos dos personas detenidas, tenemos órdenes de aprehensión relacionadas con diversos participantes en ese homicidio”, declaró Andrade Ramírez, quien precisó que la investigación se sigue por el delito de homicidio calificado.

Uno de los aspectos que ahora indagan las autoridades es bajo qué condiciones operaba el centro y quiénes estaban facultados para atender a las personas internadas. La fiscal detalló que los dos detenidos habían sido anteriormente internos y después comenzaron a prestar servicios como colaboradores del establecimiento.
Las investigaciones deberán determinar qué funciones realizaban, si existía alguna relación laboral formal con el centro y, particularmente, si contaban con capacitación profesional para participar en la atención de personas que atravesaban procesos de desintoxicación.
“Ustedes saben que al momento en que ingresa una persona que consume drogas pasa cierto proceso de desintoxicación y tiene que estar atendida por profesionales en la materia. Aquí es importante la intervención de Salud, de la Secretaría de Salud y de COEPRIS”, manifestó Andrade Ramírez.
La fiscal confirmó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California (COEPRIS) ya realizó una inspección en el establecimiento. Sus conclusiones serán importantes para determinar las condiciones administrativas y sanitarias bajo las cuales funcionaba el centro.
Asimismo, confirmó que uno de los encargados del Centro de Rehabilitación Jireh es buscado por las autoridades, aunque aclaró que hasta el momento no se ha establecido que se trate del director. La investigación permanece abierta para determinar cuál era su función y su posible responsabilidad en los hechos.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la fiscal fue cuestionada sobre señalamientos de que el lugar habría sido limpiado antes de la llegada de las autoridades y sobre la presunta salida de internos que eventualmente podrían aportar información como testigos.
Andrade Ramírez respondió que esas circunstancias también forman parte de las investigaciones y aseguró que todas las personas requeridas como testigos serán localizadas y entrevistadas.
Explicó que cualquier intervención dentro del establecimiento debía realizarse en coordinación con las autoridades sanitarias, debido a que permanecían personas internadas cuyo estado de salud y situación dentro del centro eran desconocidos. La Fiscalía, añadió, no podía ejecutar acciones que pusieran en riesgo su integridad.
Por otra parte, la fiscal se refirió al incidente registrado en Playas de Rosarito entre personas relacionadas con un centro de rehabilitación y comunicadores, donde inicialmente se produjo una confrontación verbal y posteriormente un accidente de tránsito.
Andrade Ramírez confirmó que la Fiscalía cuenta con dos denuncias, una presentada por cada una de las partes involucradas, y aseguró que ambas serán investigadas bajo los mismos criterios, sin favorecer a ninguno de los denunciantes.
Entre los hechos señalados se encuentran lesiones, daños a vehículos, presuntas amenazas y una posible afectación a la privacidad. Será la investigación la que determine lo sucedido y establezca, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
“Tenemos dos denuncias, denuncias por las dos partes, y les aseguramos que van a ser investigadas con toda objetividad de los dos lados”, afirmó la titular de la FGE.
Ante los acontecimientos recientes, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que se prepara la continuidad de una estrategia de revisión de centros de rehabilitación o anexos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y COEPRIS.
Carrillo Rodríguez recordó que este esquema no comenzó a partir del homicidio de Richard Damián Pimentel, sino que deriva de una estrategia nacional que ya fue implementada durante 2025 en Baja California.
Durante ese periodo, equipos interinstitucionales realizaron inspecciones en 36 centros de rehabilitación, principalmente en Tijuana y Mexicali, además de tres establecimientos ubicados en Tecate.
Las brigadas fueron integradas por autoridades encargadas de verificar permisos, condiciones sanitarias y funcionamiento administrativo, mientras que las corporaciones de seguridad proporcionaron el apoyo operativo necesario para desarrollar las inspecciones.
Los resultados de aquellas revisiones no se limitaron a irregularidades administrativas. Dentro de los centros fueron localizadas seis personas con órdenes de aprehensión vigentes, tres de ellas buscadas por homicidio.
“Estas revisiones nos permitieron localizar al interior de estos centros seis personas con orden de aprehensión y, desafortunadamente, tres de ellos por homicidio”, reveló el secretario.
Carrillo Rodríguez enfatizó que la estrategia no pretende enfocarse exclusivamente en el Centro de Rehabilitación Jireh ni en algún establecimiento determinado, sino realizar revisiones generales en los anexos que operan en Baja California.
La propuesta será presentada ante la Mesa de Paz, donde participan los titulares de las instituciones de seguridad, con la intención de establecer nuevamente un esquema coordinado entre Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y COEPRIS.
“Es posible que lo que estamos ahí proponiendo sea la continuidad en la revisión de los anexos de Baja California. Insistimos, no es uno en específico, sino de todos”, expresó Carrillo Rodríguez.

Respecto a los hechos de violencia ocurridos en espacios públicos y particularmente al incidente de Playas de Rosarito, el secretario sostuvo que corresponde a las autoridades preventivas generar las condiciones necesarias para evitar confrontaciones y proteger a quienes se encuentren en la vía pública.
Carrillo Rodríguez enfatizó que la responsabilidad de las instituciones de seguridad es proteger a todos los ciudadanos sin distinción de profesión, actividad o función pública, por lo que cualquier episodio de violencia debe ser atendido bajo los mismos criterios.
“Sean funcionarios públicos, sean periodistas, para nosotros todos son ciudadanos y todos merecen que se garantice su seguridad”, puntualizó.
El homicidio de Richard Damián Pimentel dentro del Centro de Rehabilitación Jireh mantiene abiertas distintas líneas de investigación. Mientras la FGE busca establecer responsabilidades penales y localizar a otros posibles participantes, COEPRIS analiza las condiciones sanitarias y operativas del establecimiento, y Seguridad Ciudadana plantea retomar las inspecciones generales de anexos en Baja California.
Al mismo tiempo, la Fiscalía mantiene abiertas las dos denuncias derivadas de los acontecimientos de Playas de Rosarito, con el compromiso, expresado por su titular, de investigar los señalamientos formulados por ambas partes de manera objetiva e imparcial.


