Acompañada por un centenar de militantes del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos exgobernadores, exalcaldes, exlegisladores y dirigentes panistas, Verónica Ruffo presentó este lunes una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos de su padre, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien actualmente enfrenta un proceso penal federal.
La hija del exmandatario aseguró, frente a las instalaciones de la CNDH, que su padre es un “preso político” y sostuvo que la investigación en su contra obedece a una persecución con motivaciones políticas. Explicó que el recurso busca que el organismo nacional investigue posibles violaciones al debido proceso y a las garantías individuales durante el desarrollo de la causa penal.
El respaldo político fue evidente. Exfuncionarios y dirigentes panistas cerraron filas en torno a quien fuera el primer gobernador de oposición en Baja California y exigieron que el proceso judicial se conduzca con estricto apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, la situación jurídica de Ernesto Ruffo no cambia con la presentación de la queja. La CNDH tiene facultades para investigar posibles violaciones a derechos humanos y emitir recomendaciones, pero no puede revocar resoluciones judiciales, cancelar la vinculación a proceso ni ordenar la liberación del exgobernador, cuyo caso continúa bajo la jurisdicción de un juez federal.
Actualmente, Ernesto Ruffo Appel permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, luego de que un juez federal lo vinculara a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
La causa penal deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciada tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila. Posteriormente, las indagatorias se ampliaron hacia una presunta red dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de combustibles, cuyo daño estimado a la hacienda pública supera los cuatro mil millones de pesos, de acuerdo con la autoridad ministerial.
Desde la detención del exgobernador, dirigentes del PAN han sostenido que el proceso tiene un trasfondo político y han organizado diversas manifestaciones tanto en Baja California como en la Ciudad de México para exigir su liberación. Por su parte, la FGR mantiene que la investigación está sustentada en los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación y que el proceso penal continúa conforme a derecho.
Con la queja presentada ante la CNDH, la defensa y la familia de Ernesto Ruffo abren un nuevo frente legal y político en un caso que se ha convertido en uno de los procesos penales de mayor impacto contra un exgobernador de Baja California. Mientras la controversia pública crece, será el Poder Judicial quien determine, con base en las pruebas que presenten ambas partes, la responsabilidad o inocencia del exmandatario.
