Desde el inicio de los operativos en Baja California el pasado 25 de febrero, las autoridades han logrado desmantelar más de 400 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en espacios públicos. De estas, más de 150 fueron retiradas en Tijuana, en un esfuerzo conjunto que involucra a la Policía Municipal, la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las Fuerzas Estatales de Seguridad Ciudadana.
Las cámaras ilegales han sido encontradas en lugares sorprendentes y poco convencionales, como postes de telefonía, alumbrado público e incluso árboles. Esta situación ha puesto en alerta a las autoridades locales, quienes han intensificado las labores de retiro para evitar que estos dispositivos sean utilizados con fines delictivos, como la vigilancia de las fuerzas de seguridad o el monitoreo de áreas donde se desarrollan actividades ilegales.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, destacó la importancia de eliminar estas “cámaras parásitas”. Según explicó, su presencia en espacios públicos representa un riesgo para la seguridad, ya que podrían estar siendo empleadas por grupos criminales para monitorear las actividades de las autoridades o para observar zonas donde operan.
Carrillo Rodríguez señaló que esta acción es esencial para garantizar que los dispositivos de vigilancia en la región sean utilizados de manera adecuada y bajo la autorización correspondiente.
El procedimiento para retirar las cámaras consiste en que los agentes estatales identifiquen los dispositivos ilegales y se acerquen a los vecinos o comercios cercanos para determinar si alguien reclama su propiedad. En caso de no haber un responsable o de no contar con el permiso adecuado del Ayuntamiento, los oficiales proceden a desinstalar las cámaras. Este protocolo se ha implementado no solo en Tijuana, sino también en municipios cercanos como Playas de Rosarito, donde recientemente se retiraron 18 cámaras más.
A su vez, indicó que los operativos se expandirán a otras zonas de Baja California, como Mexicali, donde ya está previsto retirar más cámaras ilegales en los próximos días. “Es crucial que todos los dispositivos de vigilancia en espacios públicos cuenten con la autorización correspondiente y que su uso esté alineado con la seguridad y el bienestar de la comunidad”, afirmó el secretario.
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