El uso de escoltas asignados a funcionarios, empresarios y servidores públicos en Baja California está siendo sometido a una revisión integral, anunció la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su conferencia semanal, acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, general Laureano Carrillo.
La mandataria explicó que ya se han retirado escoltas a varios particulares y funcionarios, y que actualmente la Secretaría de Seguridad realiza análisis de riesgo individualizados para determinar en qué casos justifica mantener este servicio. “Será la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien determine si se acredita el que tengan alguna escolta por el riesgo por sus funciones o no”, dijo.
En el caso de empresarios, Laureano Carrillo detalló que actualmente hay 43 agentes comisionados que brindan seguridad como parte de un servicio privado. Sin embargo, anunció que a partir del 1 de agosto estos elementos serán retirados y reincorporados a tareas operativas dentro de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en cumplimiento con recientes reformas legales.
“Esta decisión deriva de modificaciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, particularmente el artículo 34, que nos obliga a cumplir con nuevos criterios. Esos agentes se integrarán nuevamente a labores de patrullaje y seguridad pública”, explicó el funcionario.
Respecto a funcionarios públicos, Carrillo señaló que ya se realiza una reevaluación caso por caso, ya que “hay servidores con mayor nivel de riesgo por su actividad, y otros que no representan ninguna amenaza”. Afirmó que la cantidad de escoltas se determinará según el nivel de amenaza que se identifique en cada análisis.
Además de estos casos, la FESC mantiene asignación de escoltas cuando existe un mandamiento judicial, como parte de medidas cautelares ordenadas por autoridades. Este es un tercer rubro de protección en el que el Estado seguirá brindando seguridad, aunque también está siendo revisado dentro del proceso de reorganización.