La administración de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha intensificado su ofensiva contra la corrupción con la presentación de 50 denuncias penales ante instancias federales y estatales. De estas, nueve ya han sido judicializadas, involucrando un presunto daño al erario por 570 millones de pesos.
En un informe de avances, la gobernadora, junto a la titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, María Gabriela Monge Pérez, detalló que 30 de las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 20 ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC).
“El combate contra la corrupción está dando resultados profundos”, afirmó Avila Olmeda, quien enmarcó estas acciones bajo el principio de “no mentir, no robar y no traicionar”.
La mandataria subrayó que el objetivo es desmantelar las “prácticas del viejo régimen” mediante la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos ilícitos.
Como ejemplo del impacto de la participación ciudadana, la secretaria Monge Pérez expuso un caso reciente en Ensenada. Una denuncia de un medio de comunicación alertó sobre irregularidades en trámites de regularización vehicular.
La intervención de un Grupo Operativo de Reacción Inmediata resultó en la identificación de cinco presuntos implicados y la apertura de una carpeta de investigación por delitos como tráfico de influencias, promoción de conducta ilícita y cohecho.
“Este caso refleja la importancia de la participación ciudadana para combatir la impunidad con firmeza”, destacó la secretaria.
Además de las acciones punitivas, el gobierno estatal reportó avances en la prevención y vigilancia, con el inicio de 56 auditorías y 90 revisiones. A través de 103 Comités de Obra, los ciudadanos participan directamente en la supervisión de proyectos y servicios públicos en todo el estado.
La gobernadora también anunció un logro financiero significativo en esta lucha: la restitución de 172 millones de pesos por parte de Banca Afirme al erario estatal el pasado 15 de julio.
Este reintegro, según el gobierno, es resultado directo de las acciones legales emprendidas por la actual administración para recuperar fondos públicos.
Las autoridades reiteraron que los canales para la denuncia ciudadana se mantienen abiertos a través de enlaces en cada dependencia, módulos móviles y el portal oficial del Gobierno del Estado, instando a la población a formar parte activa de la vigilancia de los recursos públicos.