El gobierno de Florida ha iniciado gestiones para establecer un segundo centro de detención de migrantes, identificado en registros estatales como “Instalación de Detención Norte” y adjudicando al menos un contrato relacionado con su implementación.
Esta nueva instalación, la cual se proyecta sea construída en Camp Blanding, un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional, ubicado al suroeste de Jacksonville, se sumaría a la capacidad del centro “Alcatraz de los Caimanes”, al cual las autoridades estatales destinaron más de 245 millones de dólares para su desarrollo.
Al respecto, el gobernador Ron DeSantis, afirmó que se espera el incremento de deportaciones desde la instalación del sur antes de proceder con el desarrollo en Camp Blanding.
Organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos ambientalistas han presentado demandas contra el centro “Alcatraz de los Caimanes”, alegando falta de alimentación y atención médica adecuadas al interior, restricciones a reuniones con abogados, detenciones sin cargos y ausencia de audiencias en tribunales federales de inmigración.
El nuevo centro de detención de migrantes podría albergar estas mismas condiciones dentro, pues el presidente Donald Trump ha expresado que la ubicación y el carácter de la primer instalación resultan adecuados para lo “peor de lo peor”, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha señalado que “Alcatraz de los Caimanes” podría servir como modelo para nuevas instalaciones.
Hasta el momento, ha trascendido que la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM por sus iniciales en inglés) adjudicó un contrato de 39 mil dólares para adquirir una estación meteorológica portátil de respuesta a emergencias y sirenas de rayos, destinadas a la futura “Instalación de Detención Norte”.
El contrato coincide con la temporada alta de huracanes y en un contexto de lluvias intensas y calor extremo en el estado, sin embargo, la FDEM publicó recientemente un borrador del plan de evacuación para la instalación del sur de Florida, con grandes secciones censuradas sobre transporte de detenidos y procedimientos, amparándose en una ley estatal que permite reservar este tipo de información.