La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas 605 investigaciones administrativas en lo que va de 2025, que involucran a 218 agentes de la Agencia Estatal de Investigación y del Ministerio Público, informó la titular de la institución, María Elena Andrade Ramírez. La fiscal compareció este lunes ante el Congreso del Estado, donde detalló el avance de los procedimientos internos.
Andrade Ramírez precisó que la mayoría de los casos están relacionados con faltas administrativas; sin embargo, reconoció que también se han detectado hechos de carácter penal. Aunque estos últimos son aislados, subrayó que la institución no deja de atenderlos y llevarlos hasta sus últimas consecuencias para reforzar la depuración interna.
“Hemos estado trabajando en la depuración, siendo autocríticos en los temas de la Dirección de Asuntos Internos y Visitaduría”, expuso ante legisladores. La fiscal enfatizó que el compromiso de la corporación es revisar a fondo la actuación de su personal y sancionar cualquier conducta que contravenga la ley o los principios del servicio público.
La titular de la FGE también informó sobre investigaciones en curso que involucran a elementos de otras corporaciones. Entre los casos más graves mencionó la detención de 12 policías municipales de Ensenada por delitos de alto impacto, entre ellos desaparición forzada y homicidios violentos. Agregó que en Tijuana hay cuatro detenidos por hechos similares, así como tres en Mexicali, uno de ellos señalado por colaborar con líderes criminales en el Valle de Mexicali. Además, dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Pública también fueron asegurados.
“Tanto en Mexicali como en otros municipios tenemos carpetas abiertas contra diversos agentes”, señaló. Entre los expedientes más delicados recordó el robo de droga registrado en Tijuana, en el que participaron elementos de distintas corporaciones y que derivó en una investigación federal debido a su gravedad.
Andrade Ramírez reveló que cuatro agentes de la FGE fueron asesinados por su participación en ese caso, el cual fue turnado a la Fiscalía General de la República. “Fueron privados de la vida porque, como hemos dicho, involucrarse con grupos criminales o actividades de esa naturaleza solo los lleva a dos lugares: la cárcel o la muerte”, concluyó la fiscal ante los legisladores.