El Departamento de Seguridad Nacional emitió una exención que autoriza al gobierno de EEUU omitir más de veinte leyes ambientales y acelerar la construcción de nuevas barreras fronterizas en la región colindante entre San Diego y Tijuana.
La medida se aplica en un contexto donde los cruces irregulares han alcanzado mínimos históricos, por lo que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fundamentó la decisión en una “necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y carreteras adicionales”, planteando que el refuerzo fronterizo es indispensable en esta región.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas han criticado la exención, al considerar que se incrementarán los daños a la fauna y hábitat de la zona, lo cual inclusive afectará a la población en el mediano y largo plazo, entre ellos, comunidades de pueblos originarios.
Al respecto, activistas han hecho énfasis en afectaciones adicionales a la cultura y forma de vida de grupos como los Kumiai, con 10 mil años asentados en la zona, advirtiendo que el refuerzo del cerco fronterizo podría acabar con cementerios ancestrales.
Desde su llegada, el gobierno de Donald Trump ha emitido otras exenciones para el desarrollo de otros segmentos del muro fronterizo este año, incluyendo una sección de 106 metros en Smuggler’s Gulch, cerca de la intersección del río Tijuana con San Diego.