La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, firmó hoy una iniciativa de reforma para endurecer las penas hasta por 8 años de prisión para aquellos que instalen cámaras de vigilancia en vías públicas, actividad denominada como ‘Halconeo’.
La iniciativa, presentada por el diputado del PVEM, Jorge Ramos, contempla modificar el artículo 317 del código penal, que anteriormente establecía sanciones de 3 a 5 años de cárcel.
Durante su conferencia mañanera y previo a la firma de la misma, la mandataria bajacaliforniana reveló que hasta el momento, las autoridades de seguridad del estado han hecho el retiro de más de mil 600 cámaras irregulares instaladas en la vía pública, la mayoría de ellas presuntamente vinculadas a actividades criminales.
Por su parte, el Consejero Jurídico, Juan José Pon Méndez, informó que esta medida no solamente busca castigar estas actividades, sino también otras como la instalación de cámaras en dependencias gubernamentales y el compartir información sobre actividades de las corporaciones de seguridad a través de espionaje.
Sin embargo, el funcionario aclaró que esta disposición no penaliza la colocación de cámaras en domicilios particulares, sino únicamente aquellas relacionadas con fines ilícitos que comprometan la seguridad y operatividad de las instituciones públicas.
