Lo que comenzó como una medida legislativa para aliviar el gasto cotidiano de los ciudadanos, hoy enfrenta una férrea resistencia empresarial. Al menos 32 amparos han sido promovidos por plazas comerciales en Tijuana y Mexicali contra la reforma que obliga a ofrecer 40 minutos de estacionamiento gratuito, y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana ha encabezado la oposición legal y mediática.
La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso local el 31 de marzo, con 24 votos a favor, y fue impulsada por el diputado morenista Eligio Valencia López. La intención era clara: eliminar el cobro por estacionamiento durante los primeros 40 minutos en plazas comerciales, argumentando que se trata de un servicio básico al realizar compras rápidas o trámites.
El Cabildo de Tijuana homologó el reglamento el 1 de julio, bajo el liderazgo del alcalde Ismael Burgueño, quien defendió la medida como un alivio para la economía familiar.
Sin embargo, la implementación fue rechazada casi de inmediato por muchos centros comerciales, que se negaron a acatar la norma. Las acciones legales no tardaron en llegar y se tradujeron en una ola de amparos para detener la medida.
Canaco Tijuana, encabezada por Olivaldo Paz Gómez, ha sido el principal actor en esta resistencia, argumentando que la reforma pone en riesgo entre el 25% y el 28% de los ingresos generados por concepto de estacionamiento.
Paz Gómez ha señalado públicamente que los costos de mantenimiento, seguridad y alumbrado deben financiarse con esas tarifas, pese a que en muchas plazas los cobros por estos conceptos son adicionales o se deslinda cualquier responsabilidad en caso de incidentes. Además, criticó que la reforma fue aprobada sin consultar a comerciantes ni representantes empresariales, calificándola como una medida “injusta” y “no socializada”.
Mientras los empresarios apelan a la “afectación económica” y la “libertad comercial”, los impulsores de la ley recuerdan que la intención es revertir un modelo que durante años ha cobrado al consumidor por estacionarse en lugares donde va a gastar su dinero. En muchas otras ciudades del país y del mundo existen normas similares sin que los centros comerciales hayan quebrado.
La confrontación continúa en los tribunales, donde se libran los primeros capítulos de una batalla más amplia entre los intereses comerciales y el derecho ciudadano al uso justo del espacio. Aunque la reforma ya está en vigor, su aplicación aún depende de lo que decidan los jueces y de cuán lejos estén dispuestos a llegar los empresarios para conservar un ingreso que, hasta ahora, ha sido difícil de justificar ante la ciudadanía.