Diputados avalan tope a incrementos de renta para proteger a familias en Baja California
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En sesión de la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, legisladoras y legisladores aprobaron una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado que establece límites regulados a los incrementos de renta en viviendas, atendiendo la creciente preocupación social por los aumentos excesivos en este rubro.

Con siete votos a favor y sin oposición, se avaló el Dictamen No. 20, derivado de la iniciativa y adenda presentadas por el diputado Jaime Cantón Rocha. La propuesta establece que los incrementos a la renta deberán sujetarse al índice inflacionario reportado por el Banco de México, con el objetivo de frenar aumentos desproporcionados.

De acuerdo con la adenda, la intención central es otorgar certeza jurídica tanto a arrendadores como arrendatarios, evitando que la regulación se disperse en otros ámbitos normativos y manteniendo el enfoque exclusivamente en materia civil. Con ello, se preserva el propósito de la iniciativa: contener los incrementos injustificados y evitar abusos en el mercado de vivienda.

El legislador inicialista, Jaime Cantón, señaló que cada vez es más complicado para las familias de Baja California acceder a una vivienda, ya sea para construir, comprar o rentar, debido a los constantes incrementos de precios. Recordó que esta medida sigue la ruta marcada por la Ciudad de México, donde se ha implementado un tope similar para proteger a quienes rentan.

Entre las ventajas de la reforma destacan la garantía de pagos en moneda cierta, la protección del poder adquisitivo de las familias, la prevención de incrementos por encima de la inflación y el fortalecimiento de la equidad territorial. También se busca blindar a los sectores vulnerables que destinan una proporción significativa de sus ingresos a la renta.

Durante la misma sesión, la comisión retiró dos proyectos adicionales relacionados con reformas al Código Penal del Estado, presentadas por las diputadas Daylín García y Jorge Ramos, debido a observaciones técnicas planteadas por la Consultoría Legislativa y otros legisladores. Ambos serán reprogramados para su análisis en diciembre, con la participación de los ayuntamientos.