Ángel Ramírez / mx.aramirez@gmail.com
Fiscalía revisa expedientes y posibles irregularidades en la venta y asignación de terrenos; aún no hay hechos plenamente comprobados
Autoridades estatales mantienen bajo análisis diversas denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la venta y asignación de terrenos, en lo que públicamente se ha señalado como la posible operación de un “cártel inmobiliario” en Baja California.
La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó que el tema ya fue detectado por las autoridades y actualmente se revisan señalamientos que incluso han sido difundidos en redes sociales, aunque aclaró que hasta el momento no existen hechos plenamente acreditados. “Es un asunto que se está analizando con seriedad; todavía no podemos afirmar responsabilidades hasta concluir las investigaciones”, señaló.
Indicó que, debido a la complejidad del caso, se conformó un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría General de Gobierno de Baja California, en el que participan la Fiscalía y otras dependencias vinculadas con la regulación y registro de la propiedad, con el objetivo de revisar expedientes, antecedentes legales y procedimientos administrativos.
De acuerdo con la explicación de la funcionaria, el esquema denunciado consistiría en obtener una aparente legalidad para apropiarse de terrenos sin tener derecho sobre ellos, mediante resoluciones o documentos oficiales que podrían haber sido gestionados de forma irregular, lo que permitiría simular la posesión legítima de predios.
Precisó que en algunos casos se habla de registros o determinaciones judiciales emitidas por jueces civiles o federales, donde se presume la posible intervención indebida de particulares o profesionales del derecho, situación que también forma parte de las líneas de investigación.
Finalmente, la fiscal señaló que el equipo multidisciplinario continuará con el análisis técnico y jurídico para determinar si existen responsabilidades penales, así como la eventual participación de servidores públicos o particulares en estas operaciones.
