Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) informó al Congreso haber iniciado 18 mil carpetas por desaparición entre 2018 y 2025, colectivos y organismos civiles advierten que la magnitud del problema es mayor.
De acuerdo con el proyecto “Elementa DDHH”, entre 2006 y 2024 se documentaron 42 mil 383 carpetas, más del doble de lo que reportó oficialmente la fiscal María Elena Andrade ante autoridades locales.
La base de datos entregada por dicho proyecto no especificó el estatus de las personas registradas; en contraste, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 4 mil 454 casos activos.
Especialistas en derechos humanos señalaron que la falta de información completa por parte de las instituciones estatales afecta las labores de búsqueda, limita el análisis de contexto y obstaculiza la implementación de políticas públicas preventivas.