Ante la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, un grupo de concesionarios del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT), interpuso una denuncia formal por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder que involucran a funcionarios municipales.
La denuncia, dirigida a la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, señala directamente al director del SIMPATT, Israel Villafuerte Zamora, y a Alberto Castellanos, identificado en el documento como representante de la presidencia municipal, de cometer faltas administrativas graves.
Según el escrito presentado, los funcionarios habrían actuado en complicidad con Esperanza Ortiz Banda y Noé Ramón Ávila Ortiz para facilitar la transferencia irregular de concesiones de juegos mecánicos, los cuales, por más de 30 años, han sido operadas por el señor Gabino Ávila Moctezuma.
Gabino Ávila, dijo que la situación descrita en la denuncia escaló a un nivel crítico, pues sus familiares, Esperanza y Noe, fraguaron en contubernio con autoridades un cateo a su domicilio para plantarle armas de fuego y cartuchos con el fin de encarcelarlo.
Los denunciantes aseveran que el cateo estuvo “viciado, lleno de irregularidades y motivado por intereses económicos ajenos al bien público”. Además, consideran las acciones de Israel Villafuerte y Alberto Castellanos, como actos de represión con el fin de eliminar la competencia y amedrentar a otros comerciantes que operan en los parques la Amistad y Morelos.
“Los trabajadores de este sector vivimos hoy con miedo”, expresan los concesionarios en el documento. “Tememos por nuestra integridad física y por la pérdida de nuestro sustento. Nos enfrentamos a una estructura de corrupción institucionalizada, donde servidores públicos actúan como facilitadores de negocios privados”.
A través de este documento, los concesionarios solicitan respetuosamente a la Sindicatura Procuradora que se inicien las investigaciones pertinentes sobre los hechos descritos, se apliquen las medidas que la ley contemple y se asegure la integridad tanto del espacio público como de las personas afectadas por esta situación.
