Luego de que el pasado 11 de septiembre la FGE recuperara el cadáver de un bebé por presentar un cuadro de maltrato, la institución confirmó que el infante de 8 meses murió por traumatismo craneoencefálico tras la autopsia realizada en Semefo.
Al respecto, la titular de la Fiscalía, María Elena Andrade Ramírez, informó que el cateo fue motivado tras conocer irregularidades en los protocolos de manejo de víctimas fallecidas, entre ellas, el trasladado del menor directamente a la funeraria sin dar aviso al Ministerio Público.
Tras la intervención inmediata, la funcionaria detalló que se rescató el cuerpo y se ordenó la práctica de la autopsia legal, que confirmó traumatismo craneoencefálico como causa de muerte, evitando que el caso quedara registrado como fallecimiento natural.
En ese sentido, la Fiscal detalló que los agentes que participaron en el cateo también aseguraron ocho cuerpos de adultos que no habían sido reportados oficialmente, por lo que todos fueron trasladados al Semefo para descartar irregularidades y confirmar que correspondían a muertes naturales o por enfermedad.
Por lo anterior, señaló que la funeraria quedó asegurada tras la entrega de los cuerpos a sus familiares, sin embargo, precisó que el proceso legal continúa, pues se debe llegar al fondo del asunto y resolver la participación que tuvieron los familiares del bebé sin vida, médicos y su actuación, así como la actuación de la funeraria.
En relación a otras funerarias con actuaciones irregulares, la titular de la Fiscalía dijo que hasta ahora no se han identificado otras con anomalías, no obstante, para continuar el seguimiento de este caso, informó que la institución alertó a la Coepris de lo sucedido, dependencia que iniciará inspecciones administrativas para deslindar responsabilidades.
Debido a esto, advirtió que la corporación no descansará hasta fincar responsabilidades legales por las omisiones detectadas a los involucrados, enfatizando que actos de este tipo pueden encuadrar en la comisión de delitos graves relacionados con la omisión de reportes obligatorios.
Finalmente, María Elena Andrade anunció un trabajo coordinado entre la Fiscalía, COEPRIS, Secretaría de Salud y Registro Civil con el fin de establecer controles más estrictos y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.