Corralones concesionados en la ciudad deben ser sancionados por la Sindicatura Municipal a través de la Subdirección de supervisión de arrastres tras detectarse que incumplieron resoluciones del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) al negarse a devolver vehículos a ciudadanos que cuentan con suspensión legal vigente.
De acuerdo con los reportes, los afectados realizaron el procedimiento jurídico correspondiente y obtuvieron resoluciones que instruyen al Departamento de Arrastres y Almacenamiento liberar las unidades retenidas. Una vez emitida la documentación oficial por parte de la autoridad municipal, los propietarios acudieron a los corralones con los oficios en regla para recuperar sus vehículos.
Sin embargo, algunos concesionarios como “Grúas Olmos”, rechazaron la entrega sin justificación legal, pese a existir una orden formal. En varios casos, los ciudadanos fueron enviados nuevamente a dependencias municipales, generando retrasos indebidos, gastos adicionales y afectaciones económicas, aun cuando ya contaban con resolución favorable.
Los afectados mencionan que la Sindicatura Municipal confirmó que estas conductas derivan en la aplicación de sanciones administrativas, hasta por 100 UMAS, al considerar que podrían constituir desacato a una resolución judicial y una violación a los derechos de los propietarios. Autoridades señalaron que los concesionarios están obligados a acatar instrucciones emitidas por instancias judiciales y administrativas.
Ciudadanos denunciaron que la negativa de entrega prolonga la retención de vehículos de manera injustificada, lo que impacta en su vida laboral y familiar, además de incrementar costos por almacenaje. La situación ha generado creciente inconformidad social y exigencias para que se garantice el cumplimiento inmediato de las órdenes judiciales.
En medio de la controversia, sectores ciudadanos señalan que ya es momento de que el Ayuntamiento de Tijuana analice la revocación del contrato de concesión del servicio de grúas, y que la autoridad municipal invierta en una flota propia, evitando la dependencia de particulares en un servicio que impacta directamente en los derechos patrimoniales de la población.
La Sindicatura advirtió que continuará con las revisiones y sanciones correspondientes, reiterando que ningún concesionario puede colocarse por encima de una resolución judicial. Mientras tanto, se mantiene el llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad relacionada con el servicio de arrastres y almacenamiento.
